«Si las dictaduras modernas se caracterizan por constituir regímenes políticos que operan con autoritarismo al margen de la voluntad de la ciudadanía, es evidente que estamos en presencia de la formación de una dictadura internacional.»

Por/by Agustín Laje Arrigoni

El pasado 9 de enero conocimos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión Consultiva apoyando con determinación la ideología de género. La opinión fue peticionada por Costa Rica, con claros objetivos políticos: el oficialismo es consciente de que le costará imponer la ideología de género en su estructura legal sin apoyo externo. Hace algunas semanas, valga recordar, miles de ciudadanos costarricenses —pueblo de escasa efervescencia política— salieron a las calles a marchar contra la ideología de género.

En resumidas cuentas, la Corte manifestó que la llamada “identidad de género” es ‘‘la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento’’, para luego insistir en que existe un “derecho a la identidad de género”. Sabemos bien que, en este contexto, “derecho” no significa libertad de vivir su sexualidad e identidad como le plazca a cada quien, sino obligación para los demás de ser partícipes de lo que es, en rigor, una fantasía personalísima.1

Así por ejemplo, la Corte nos dice que es un “derecho humano” que el Estado modifique los registros y documentos de identidad de las personas, sin considerar nada más que su “auto-percepción”: ya no se le puede exigir a nadie siquiera acreditaciones médicas, quirúrgicas o psicológicas. Si la auto-percepción de un individuo pasa a condicionar la percepción estatal entera, esto significa que, por añadidura, condiciona la percepción de la sociedad toda. ¿Por qué un equipo de hockey femenino, por ejemplo, debería a excluir de su plantel a un hombre que, en virtud de su auto-percepción, el Estado lo ha consagrado como mujer?

Por otra parte, la Corte establece del mismo modo que cualquier unión constituye familia y, por lo tanto, que de cualquier unión entre personas, independientemente del género y la orientación sexual de sus partes, derivan los mismos derechos inherentes al matrimonio. ¿Qué es esto si no la imposición externa del “matrimonio” homosexual y la consiguiente adopción de menores por parte de éste?

En efecto, aquello de “Opinión Consultiva” es eufemístico. La “opinión” de la Corte tiene efectos jurídicos, políticos y administrativos en todos los Estados que son parte de la Convención Americana: 22 en total. La Corte lo deja muy en claro cuando, a colación de su apoyo a la ideología de género, sentencia que “se estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad aplicando los estándares establecidos en esta Opinión Consultiva”. Por ello, el Tribunal insta “a esos Estados a que impulsen realmente y de buena fe las reformas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para adecuar sus ordenamientos, interpretaciones y prácticas internos”.

El poder en la sociedad posmoderna, al decir de Toni Negri, está descentrado. La soberanía de los Estados-nación es cosa del pasado. Las realidades nacionales son hoy un producto de la doble determinación de un poder interno y otro internacional. En este caso, el poder no se divide: se multiplica. En virtud de su dimensión internacional, se vuelve ineludible.

No se trata, desde luego, de un poder democrático. Si el ideal democrático puede definirse a partir de un régimen político que hace emanar el poder desde el pueblo para gobernar al pueblo, y que en la práctica se traduce en la determinación de la voluntad ciudadana con arreglo al uso de instrumentos electorales, el actual orden internacional carece de todos estos componentes. Todavía más: destruye los regímenes democráticos de los Estados que han optado por ellos, en la medida en que las decisiones de las Organizaciones Internacionales se imponen sobre nuestras sociedades en un movimiento que va de arriba abajo, no de abajo arriba.

¿Qué rol puede tener un Congreso Nacional en la cuestión del “matrimonio” homosexual, después de esta “Opinión Consultiva” de carácter imperativo? ¿Qué facultades tendrá en otros asuntos como la adopción homoparental? Ninguno. Estas cuestiones fueron ya resueltas y decididas no por aquellos connacionales que la ciudadanía eligió como representantes del pueblo, sino por 9 personas extranjeras que tienen poder sobre 22 Estados americanos y sus respectivas sociedades.

Si las dictaduras modernas se caracterizan por constituir regímenes políticos que operan con autoritarismo al margen de la voluntad de la ciudadanía, es evidente que estamos en presencia de la formación de una dictadura internacional. El margen de maniobra de los Estados-nación es cada vez más reducido. A partir de ahora por ejemplo, un Estado que no reconozca la adopción homosexual podrá ser denunciado por el lobby LGTB en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de ahí tener luego un problema en la propia Corte. ¿Qué gobierno querrá ganarse un problema de este calibre para el Estado bajo su gestión?

En las dictaduras modernas, la última evasión que un individuo tenía al alcance frente a los tentáculos del poder era el exilio. Escapar al poder suponía escapar del lugar donde ese poder tenía centro. La actual desterritorialización del poder supone, no obstante, la imposibilidad del exilio. La internacionalización borra todo límite territorial; el espacio se modifica quedando todo determinado por él, lo cual significa que paulatinamente se va borrando toda posibilidad de auto-determinación. ¿Cómo eludir un poder que, a partir de la opinión de 9 personas, condiciona el marco regulatorio, jurídico y administrativo de 22 Estados?

Todavía queda, empero, una esperanza. Dijimos anteriormente que las realidades nacionales son en este momento el producto de dos fuerzas que a veces colisionan y a veces se retroalimentan: el poder interno y el internacional. En un sistema democrático, el poder interno se estructura a partir del voto popular. Los políticos que se lanzan a la carrera democrática, si quieren ganar, necesitan adecuarse a lo que piensan que la ciudadanía piensa. Si se lograra generar movilizaciones de tal magnitud que los políticos percibieran que el precio a pagar por someterse a la Corte Interamericana es mayor al precio de tener eventualmente problemas de derecho internacional con ella, el poder interno podría barrer con el internacional.

Las movilizaciones ciudadanas son de vital importancia como mecanismo de información: en la masa de gente movilizada el político recibe el mensaje de qué tiene que hacer y decir si quiere seguir siendo votado. Allí donde la ciudadanía no se moviliza, los medios de comunicación, los grupos de género y las organizaciones internacionales son los que informan al político.

Hay razones para guardar todavía esperanzas. Lo que no hay son razones para pensar que, de no actuar con urgencia, esa esperanza pueda mantenerse por mucho tiempo más.

«If modern dictatorships are characterized by constituting political regimes that operate with authoritarianism outside the will of the citizenry, it is evident that we are in the presence of the formation of an international dictatorship.»

On January 9, we learned that the Inter-American Court of Human Rights issued an Advisory Opinion supporting with determination the gender ideology. The opinion was requested by Costa Rica, with clear political objectives: the ruling party is aware that it will cost to impose the gender ideology in its legal structure without external support. A few weeks ago, it is worth remembering, thousands of Costa Rican citizens – people of little political effervescence – took to the streets to march against the gender ideology.

 In summary, the Court stated that the so-called «gender identity» is «the internal and individual experience of the gender as each person feels it, which may or may not correspond to the sex assigned at the time of birth», for then insist that there is a «right to gender identity». We know well that, in this context, «right» does not mean freedom to live their sexuality and identity as it pleases each one, but obligation for others to be part of what is, strictly speaking, a very personal fantasy.

For example, the Court tells us that it is a «human right» for the State to modify the records and identity documents of people, without considering anything other than their «self-perception»: no one can be required to even medical, surgical or psychological accreditations. If the self-perception of an individual happens to condition the entire state perception, this means that, in addition, it conditions the perception of the whole society. Why would a women’s hockey team, for example, have to exclude from their roster a man who, by virtue of his self-perception, has been consecrated by the state as a woman?

On the other hand, the Court establishes in the same way that any union constitutes family and, therefore, that of any union between persons, regardless of the gender and sexual orientation of its parts, derive the same rights inherent to marriage. What is this if not the external imposition of homosexual «marriage» and the consequent adoption of minors by it?

In effect, that of «Advisory Opinion» is euphemistic. The «opinion» of the Court has legal, political and administrative effects in all the States that are part of the American Convention: 22 in total. The Court makes it very clear when, in reference to its support for the gender ideology, it states that «it is considered necessary that the various organs of the State carry out the corresponding control of conventionality by applying the standards established in this Advisory Opinion». For this reason, the Court urges «those States to really and in good faith promote the legislative, administrative and judicial reforms necessary to adapt their internal systems, interpretations and practices».

Power in postmodern society, according to Toni Negri, is off center. The sovereignty of nation-states is a thing of the past. The national realities are today a product of the double determination of an internal and an international power. In this case, power is not divided: it multiplies. By virtue of its international dimension, it becomes inescapable.

It is not, of course, a democratic power. If the democratic ideal can be defined by a political regime that emanates power from the people to govern the people, and that in practice translates into the determination of the citizen’s will according to the use of electoral instruments, the current order International lacks all these components. Even more: it destroys the democratic regimes of the States that have opted for them, insofar as the decisions of the International Organizations are imposed on our societies in a movement that goes from top to bottom, not from bottom to top.

What role can a National Congress have in the issue of homosexual «marriage», after this «Advisory Opinion» of an imperative nature? What faculties will you have in other matters such as homoparental adoption? Any. These questions were already resolved and decided not by those nationals that the citizens elected as representatives of the people, but by 9 foreign persons who have power over 22 American States and their respective societies.

If modern dictatorships are characterized by constituting political regimes that operate with authoritarianism outside the will of the citizenry, it is evident that we are witnessing the formation of an international dictatorship. The margin of maneuver of nation-states is increasingly reduced. From now on, for example, a State that does not recognize homosexual adoption may be denounced by the LGBT lobby in the Inter-American Commission on Human Rights, and then have a problem in the Court itself. What government will want to win a problem of this caliber for the State under its management?

In modern dictatorships, the last escape that an individual had within reach of the tentacles of power was exile. Escaping to power meant escaping from the place where that power was centered. The current deterritorialization of power, however, implies the impossibility of exile. Internationalization erases all territorial limits; the space is modified, everything being determined by it, which means that every possibility of self-determination is gradually erased. How to avoid a power that, based on the opinion of 9 people, conditions the regulatory, legal and administrative framework of 22 States?

There is still, however, a hope. We said earlier that national realities are at this moment the product of two forces that sometimes collide and sometimes feed back: internal and international power. In a democratic system, the internal power is structured from the popular vote. Politicians who embark on a democratic career, if they want to win, need to adapt to what they think the public thinks. If mobilizations of such magnitude were achieved that the politicians perceived that the price to pay for submitting to the Inter-American Court is greater than the price of eventually having problems of international law with it, the internal power could wipe out the international power.

Citizen mobilizations are of vital importance as an information mechanism: in the mass of people mobilized the politician receives the message of what he has to do and say if he wants to continue being voted. Where citizens do not mobilize, the media, gender groups and international organizations inform the politician.

There are reasons to still hope. What there are not are reasons to think that, if not acting with urgency, that hope can be maintained for much longer.