Categoría: ACTUALIDAD

¿Salvaron vidas las vacunas covid?

#YoNoMeVacuno

Por Fernando del Pino Calvo-Sotelo

La respuesta político-sanitaria a la pandemia constituye el mayor escándalo de salud pública de la historia. Se basó en un engaño descomunal, pero la verdad se va abriendo paso.

Ya sabemos que ni los ilegales confinamientos ni las estúpidas mascarillas sirvieron para nada[1] salvo para enriquecer al entorno de nuestra clase política, pero ¿qué ocurre con las vacunas y terapias genéticas que se impusieron de forma voluntario-obligatoria a la población? Muchos se muestran hoy arrepentidos de haberse vacunado y preocupados por los efectos secundarios que ven a su alrededor y que empiezan a reconocer las propias empresas farmacéuticas. Estas personas deben estar tranquilas, pues el paso del tiempo disminuye la probabilidad de sufrir un efecto adverso, y deben ser indulgentes consigo mismas, pues tomaron la decisión bajo coacción y completamente desinformadas, no en balde el gremio médico les falló estrepitosamente (con escasas y valientes excepciones).

En efecto, la mayor parte de la población no se vacunó libremente, sino forzada por una inaguantable presión política y social. Primero les aterrorizaron mediante una campaña de terror mediática que les hizo creer que el covid era peligrosísimo para todos y que sólo las vacunas podían salvarles la vida. Luego fueron manipulados con sentimientos de culpa basados en una creencia supersticiosa, completamente acientífica: la vacuna no sólo te protege a ti, sino a los demás («si no te vacunas, matarás al abuelo»). Finalmente, fueron intimidados por la campaña de demonización de los no vacunados y chantajeados con el pasaporte covid, destinado a hacerles la vida imposible.

España fue uno de los países donde la dictadura sanitaria tuvo más éxito, pues se vacunó el 87% de la población, frente al 76% de Alemania, el 68% de EEUU o el 60% de Polonia[2]. Ahora, los mismos responsables políticos que forzaron a su población a vacunarse se lavan las manos afirmando cínicamente que la vacunación fue «voluntaria» y que las vacunas covid eran seguras y salvaron muchas vidas.

Vacunas poco testadas y poco seguras

Hoy pocos analistas serios dudan que estas vacunas y terapias genéticas tan poco testadas no eran seguras. No sólo se han ido documentando multitud de graves efectos secundarios isquémicos y cardiovasculares (trombosis, ictus, miocarditis, embolia pulmonar, etc.), inmunológicos y de otros tipos[3], sino que muy probablemente hayan causado la muerte de decenas de miles de personas, según sugieren los datos de farmacovigilancia de EudraVigilance y VAERS. En la siguiente tabla se muestran las muertes anuales reportadas en EEUU tras vacunarse desde 1991 hasta hoy[4]:

Los mismos que defendieron la falsedad de que las vacunas impedían el contagio y, más tarde, que impedían la gravedad y la muerte (otra falsedad, como veremos), defienden que estas cifras de mortalidad tan inquietantes pueden despreciarse: correlación no implica causalidad, dicen. Teóricamente correcto, pero ¿acaso por ello debemos descartar la tabla como si no tuviera valor informacional? ¿De qué sirve entonces la farmacovigilancia? ¿De verdad debemos considerar este gráfico normal? Evidentemente, no. En el 2021, el 33% de las muertes se produjo menos de una semana después de vacunarse. ¿Pura casualidad? Tengan en cuenta que éstas son las muertes reportadas, así que ¿cuántas serán las reales? ¿Cómo puede ser que la EMA (cómplice, como todos los reguladores, de este escándalo) acepte con naturalidad las 12.000 muertes reportadas en Europa[5] haciendo referencia a la baja proporción respecto del número de vacunados? ¿Existe algún precedente de algún medicamento del que se hayan reportado decenas de miles de muertes que no haya sido retirado del mercado?

¿Salvaron vidas las vacunas?

Ante la avalancha de efectos secundarios, la consigna es que, pese a ello, las vacunas han salvado incontables vidas y que, por tanto, la ratio riesgo-beneficio es positiva.

La evidencia científica no parece apoyar esa conclusión. Una revisión de ensayos controlados aleatorios aparecida como preprint en The Lancet concluyó que la tasa de mortalidad de los vacunados con vacunas ARNm era ligeramente superior a la de los no vacunados, sugiriendo que las vacunas no salvaban vidas o que las muertes causadas por sus efectos adversos (particularmente cardiovasculares) superaban las vidas supuestamente salvadas por ellas[6]. Su autora principal, una médico danesa, reconocía el intento de ocultación de la verdad: «Llevo en esto muchos años y sé que hay poderes por ahí que no están interesados en profundizar realmente en estos hallazgos»[7]. A pesar de ello, algunos estudios[8], ampliamente difundidos por los medios, llegaron a hablar de millones de vidas salvadas por las vacunas, pero parecían pura publicidad: el sesgo de estar financiados por la OMS, la Fundación Gates o la Alianza de las Vacunas Gavi (ligada a los propios productores de vacunas), unido a chocantes errores de bulto[9], les otorgaba una credibilidad muy baja.

En España, los propios datos oficiales también cuestionan que las vacunas fueran eficaces para prevenir la muerte por covid. Hace unos días algún medio publicó que el Ministerio de Sanidad reconocía (respondiendo a la Asociación Liberum) que el 30% de los fallecidos por covid había muerto a pesar de estar vacunado[10]. Cómo no, esta violación de la omertà fue castigada por los risiblemente llamados fact-checkers, chiringuitos promovidos por la oligarquía globalista que perfuman su analfabetismo numeral con conceptos (para ellos sofisticados) como la Paradoja de Simpson, aunque en su caso aplica más bien la paradoja de los Simpson: «Para mentir hacen falta dos: uno que mienta y otro que escuche» (Homer Simpson).

En realidad, los datos proporcionados por Sanidad, que reproducimos a continuación[11] deberían haber dado lugar a titulares mucho más audaces:

Estado de vacunaciónCasos diagnosticadosFallecidos
No vacunado5.595.65352.209
Vacunado incompleto644.9233.319
Vacunado completo6.900.23331.967
No consta774.00234.265
TOTAL13.914.811121.760

Antes de nada, esta tabla genera dudas sobre la fiabilidad de los datos suministrados. En efecto, resulta sospechoso que sobre el 28% de los fallecidos «no conste» estado de vacunación y, además, es imposible que la letalidad CFR de éstos (fallecidos/casos diagnosticados) sea del 4,4% cuando, siempre según la tabla, la letalidad de las otras categorías (CFR) es del 0,67%.

Pero demos por buenos los números. A priori, si cerca del 30% de los fallecidos por covid estaba vacunado, podríamos concluir (prematuramente) que las vacunas tenían una cierta eficacia para prevenir la muerte, no absoluta (como nos habían prometido), pero al menos sí relativa, dado que cerca del 87% de la población llegó a estar vacunada. Sin embargo, este argumento aparentemente lógico es falaz.

En primer lugar, no se pueden comparar cifras de dos períodos distintos, puesto que el porcentaje de fallecidos abarca toda la pandemia (desde principios de 2020) y el porcentaje de vacunados máximo no se alcanza hasta mediados o finales del 2022. Otra cosa sería comparar el porcentaje de fallecidos con el porcentaje medio (no máximo) de vacunación desde que empezó la distribución de vacunas, a principios del 2021.

En segundo lugar, el número de fallecidos por covid en 2020, antes de la llegada de las vacunas, asciende a casi 51.000 personas[12], prácticamente el mismo número de no vacunados de la tabla. Como para medir la efectividad de las vacunas debemos eliminar este número de fallecidos y comenzar la comparación desde el momento en que aquéllas estuvieron disponibles, podemos estimar, siendo prudentes, que entre el 50% y el 75% del total de fallecidos por covid desde principios del 2021 murió estando vacunado. Para más inri, estas personas murieron a pesar de que las variantes posteriores al año 2020 eran mucho más leves que las primeras y que había ya un porcentaje de la población inmunizada naturalmente.

En 2022 el 84% de los fallecidos por covid estaba vacunado

Otros datos oficiales abundan en las dudas sobre la eficacia vacunal. En efecto, el Ministerio de Sanidad publicó durante la pandemia actualizaciones epidemiológicas semanales en las que a partir del 2021 empezó a figurar el estado de vacunación. Quienes las seguíamos pudimos observar que la caza de brujas de los no vacunados no sólo era liberticida, sino acientífica.

Efectivamente, los medios hablaban de una «epidemia de no vacunados», pero los datos mostraban que la vacuna no protegía en absoluto contra el contagio ni detenía la transmisión[13], lo que no fue óbice para que el Tribunal Supremo avalara el infame pasaporte covid en una sentencia verdaderamente bochornosa[14]. Cuando ya fue imposible ocultar la evidencia ―a principios del 2022 cerca del 90% de los casos diagnosticados por covid eran personas vacunadas[15]―, los mismos medios pasaron a defender una nueva consigna: si bien los vacunados se contagiaban igual (o más) que los no vacunados, la inmensa mayoría de personas hospitalizadas, en la UCI o fallecidas pertenecía a la minoría no vacunada. También era mentira. Una vez más, los datos brutos del Ministerio de Sanidad de España y de otros países como Reino Unido[16] lo desmentían. Semana tras semana, el porcentaje de hospitalizados y fallecidos vacunados subía. Pronto superó el umbral del 50%, y luego del 60% y más tarde del 70%.

Finalmente, a finales de marzo de 2022, y a pesar de ofrecer tasas estimadas contradictorias, los datos del Ministerio de Sanidad mostraban que el 84% de los fallecidos por covid en los dos meses anteriores (sobre los que constaba información de vacunación) había muerto a pesar de estar vacunado con pauta completa[17]. Dado que el 85% de cobertura vacunal de la población diana no se alcanzaría hasta dos meses más tarde, el porcentaje de fallecidos vacunados durante el primer trimestre del 2022 era prácticamente idéntico al porcentaje de vacunados entre la población, lo que indicaría que la efectividad de las vacunas para evitar la muerte por covid era, en ese período, cercana a cero. Sanidad no volvió a desglosar el número de fallecidos por pauta de vacunación.

Vacunas ineficaces e innecesarias, pero muy lucrativas

Las vacunas no sólo resultaron ineficaces, sino que fueron innecesarias para la inmensa mayoría de la población para la que el covid fue siempre una enfermedad estadísticamente leve[18]: adultos sanos quizá hasta los 65 años, jóvenes, adolescentes y niños, para quienes era más leve que la gripe estacional[19]. Particularmente inmoral fue la vacunación de estos últimos. Finalmente, las vacunas también eran superfluas para quienes habían pasado la enfermedad, pues contaban con la superior inmunización natural[20].

Sin embargo, el contubernio político-mediático-farmacéutico empujó a la vacunación indiscriminada con el absurdo argumento de que la vacuna sólo funcionaba si todos estaban vacunados. Un motivo de este engaño fue, desde luego, económico ―la maximización del lucro de las empresas farmacéuticas―. Así, Pfizer, BioNTech y Moderna habrían obtenido en dos años unos 75.000 millones de dólares de beneficios[21] por la venta de un medicamento que ha sido, de lejos, el más lucrativo de la historia. Pero hubo otros motivos.

En efecto, se quiso crear un precedente de vacunación universal, que la industria farmacéutica y la siniestra OMS desean hacer recurrente, pero, sobre todo, se quiso impedir la existencia de un grupo de control para que no pudiera medirse la eficacia de las vacunas, pues la eficacia de cualquier medicamento se mide comparando los resultados de quienes reciben el tratamiento con los de quienes no lo reciben (el «grupo de control»). Así, la causa del linchamiento sufrido por Suecia cuando decidió no confinar a su población ni obligar a portar las inútiles mascarillas fue otro intento de impedir un grupo de control sobre las absurdas «intervenciones no farmacéuticas», cuya inutilidad epidemiológica quedó demostrada en parte gracias al éxito sueco.

La mayoría de la población jamás debió ser expuesta a un medicamento experimental en la que el riesgo para la salud no compensaba el beneficio potencial, como cuantificó Peter Doshi en el British Medical Journal[22]Conviene recordarlo para exigir responsabilidades y no permitir que se repita el engaño. Nunca más.

[1] Davos y la OMS: ¿una dictadura sanitaria global? (I) – Fernando del Pino Calvo-Sotelo (fpcs.es)
[2] Covid World Vaccination Tracker – The New York Times (nytimes.com)
[3] La ley del silencio (II) – Fernando del Pino Calvo-Sotelo (fpcs.es)
[4] The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) Request (cdc.gov)
[5] COVID-19 vaccines: key facts | European Medicines Agency (europa.eu)
[6] Randomised Clinical Trials of COVID-19 Vaccines: Do Adenovirus-Vector Vaccines Have Beneficial Non-Specific Effects? by Christine Stabell Benn, Frederik Schaltz-Buchholzer, Sebastian Nielsen, Mihai G. Netea, Peter Aaby :: SSRN
[7] Lancet Vaccine Study Author Says Her Data Show «Danger Signal» of Vaccine Heart Deaths – But the «Powers» Don’t Want to Know – The Daily Sceptic
[8] Global impact of the first year of COVID-19 vaccination: a mathematical modelling study – The Lancet Infectious Diseases
[9] Did Covid Vaccines Save Tens of Millions of Lives? ⋆ Brownstone Institute
[10] El Gobierno desvela que el 30% de los fallecidos por covid estaban vacunados (theobjective.com)
[11] Wayback Machine (archive.org)
[12] Actualizacion_282_COVID-19.pdf (sanidad.gob.es)
[13] Todos vacunados y todos contagiados – Fernando del Pino Calvo-Sotelo (fpcs.es)
[14] Tribunal Supremo y pasaporte covid – Fernando del Pino Calvo-Sotelo (fpcs.es)
[15] Actualizacion_585_COVID-19.pdf (sanidad.gob.es)
[16] Covid Vaccines Give Zero Protection Against Death, ONS Data Suggest – The Daily Sceptic
[17] Actualizacion_585_COVID-19.pdf (sanidad.gob.es)
[18] ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7947934/pdf/BLT.20.265892.pdf/
[19] Great Barrington Declaration (gbdeclaration.org)
[20] Past SARS-CoV-2 infection protection against re-infection: a systematic review and meta-analysis – The Lancet
[21] SOMO-Pharmas-Pandemic-Profits.pdf
[22] Serious Adverse Events of Special Interest Following mRNA Vaccination in Randomized Trials by Joseph Fraiman, Juan Erviti, Mark Jones, Sander Greenland, Patrick Whelan, Robert M. Kaplan, Peter Doshi :: SSRN

Descarga el artículo en PDF

Pablo Iglesias se lamenta por el retroceso de la izquierda y pide dibujos animados comunistas

#IglesiasParásito #PodemosBasura #CorreciónPolíticaMierda

En la opinión del socialista español, la derecha ganó la batalla cultural. Quiere que la izquierda recupere terreno mediante “instituciones culturales”.

por Marcelo Duclos

Para Iglesias la derecha ganó la batalla cultural, en ámbitos alejados a la lucha electoral de los países. (Archivo PanAm Post)

El izquierdista español Pablo Iglesias lamenta el retroceso hegemónico del socialismo en el mundo. Este escenario, que a su juicio es deplorable, obedece a una respuesta que creyó encontrar para justificar la caída: la derecha gramsciana, a la que envidia metodológicamente.

En el marco de una entrevista televisiva, el fundador de Podemos (partido que sufrió en carne propia el paso de moda de la cultura socialista) aseguró que sus rivales ideológicos entendieron mejor que las toldas políticas de izquierda las lecciones del comunista Antonio Gramsci. Es decir, valorar la importancia de la lucha cultural, que podría ser más importante que la misma lucha armada.

Para Iglesias, “la derecha” ha sido más hábil a la hora de diversificar los escenarios para el discurso, por lo que se estaría imponiendo en el marco de la batalla cultural. Para él, esto va desde las opiniones de Donald Trump hasta las críticas de espectáculos como el de la apertura de los últimos Juegos Olímpicos en Francia. Según el referente socialista, estos discursos le sirven de energía al espacio de la derecha para fortalecerse ante la opinión pública del mundo.

Para revertir la situación, Iglesias pide generar contenidos que no estén directamente ligados a la cuestión electoral, que vayan desde medios de comunicación hasta, inclusive, dibujos animados. “Hacen falta programas informativos, pero también de entretenimiento que transmitan otro tipo de valores”, aseguró.

Es probable que en la actualidad la respuesta al mainstream cultural comience a emparejar la discusión política, pero lo cierto es que, hasta no hace muchos años, casi todo el aparato de entretenimiento tenía los valores de izquierda y colectivistas que Iglesias pide. Durante la década del noventa, tras la caída del Muro de Berlín, en el marco de reformas de corte aperturista en el mundo, la cultura fue hegemónicamente izquierdista, lo que explicó en muchos países el caldo de cultivo ideal para la consolidación del denominado “socialismo del siglo XXI” en América Latina.

El actor nuevo en el escenario actual es el de las redes sociales y el de la creación de contenidos de forma autónoma e independiente. Ya no hacen falta grandes sumas de dinero para emprender una producción, ni un canal o una radio que avalen un proyecto. Hay una democracia instantánea de gente que elige lo que quiere ver de otras personas que ponen a disposición del mundo por bajo costo.

Ahora, en este contexto novedoso, lo que termina siendo elegido y fomentado es lo que el sentido común de la audiencia prefiere. Aunque la izquierda siempre arremetió contra las empresas capitalistas, lo cierto es que los canales de televisión y las grandes productoras, estuvieron pendiente de los beneficios gubernamentales y los grandes lobbies, que no siempre van de la mano de los valores “capitalistas”.

En esta discusión actual, las preferencias de las personas de a pie marcan el pulso. Lo más probable es que esto termine traduciéndose en contenidos y discursos que poco y nada tengan que ver con las banderas de la izquierda. Por eso, personajes como Cristina Kirchner o Nicolás Maduro se muestran tan nerviosos con las redes sociales.

Por lo pronto, es auspicioso que la izquierda reconozca que perdió terreno en la batalla cultural y que en la discusión pública, en todos los escenarios, se ponga en tela de juicio (a veces sin anestesia) las vacas sagradas históricas del pensamiento políticamente correcto.

🤣😆😂

Sánchez gastará más de 3,5 millones de euros en campañas sobre feminismo y racismo

Los recursos para las campañas progre de Sánchez forman parte del Plan Comunicacional Institucional del Ministerio de Igualdad.

por Gabriela Moreno

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, autorizó las campañas desde el ministerio de Igualdad. (Archivo)

El próximo año, el gobierno del presidente español, Pedro Sánchez, arreciará con sus campañas que promueven ideales progresistas. El mandatario destinará cerca de diez millones de euros en el despliegue mediático de contenidos que defienden el feminismo y cuestionan el “racismo estructural” en el país, entre otros, los cuales están abiertamente vinculados a la izquierda.

Los recursos para estas campañas serán desembolsillados por el Ministerio de Igualdad. La cartera a cargo de Ana Redondo ya estimó, en un primer lugar, que gastará 2,3 millones de euros en la promoción de una “educación sexual basada en valores feministas”, en 2025.

Con la suma, el Ejecutivo estima avanzar en lo que ha calificado como un “derribo de roles y estereotipos de género en la nación”, así lo establece el Plan de Comunicación Institucional elaborado por el despacho para el próximo año. De acuerdo con Ok Diario, Redondo ya incluyó las campañas en el proceso de contratación anticipada para el próximo ejercicio. La alta funcionaria apeló a lo que denominó como la necesidad de sensibilizar a la población sobre la influencia de las mujeres como “motor esencial”, para alcanzar la transformación social y reivindicar “la lucha necesaria para conseguir la igualdad real y efectiva”.

Plan con escándalos encima 

¿Se cumplirá el Plan comunicacional de Redondo? Hay dudas. Sobre todo cuando el anuncio de las campañas del próximo año coincide con el escándalo que protagoniza la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, por obtener junto a su pareja 64 contratos de ayuntamientos socialistas para la gestión de los Puntos Violeta contra la violencia de género.

Además, a la presentación del Plan lo empaña el antecedente de las protestas del Movimiento Feminista de Madrid, por su oposición a la “agenda” impuesta por la exministra de Igualdad, Irene Montero, a quien señalan por provocar el “borrado de mujeres” con la controversial  Ley Trans.

El escenario en contra visibiliza que Sánchez apuesta a la reconquista del sector por todos los medios impresos, audiovisuales e incluso plataformas de streaming y hasta cine, que desde el 30 de abril y hasta el 3 de junio de 2025 compartirán las campañas.

Dos meses de campaña

Si bien el periodo abarca dos meses, el presidente socialista autorizó que el ministerio de Igualdad utilice otros 1.254.000 euros en propaganda a favor de una “sociedad diversa e incluyente”. Para ello, la estrategia implicará divulgar la existencia de actos de discriminación racial o étnica, con el fin de incentivar a los afectados a denunciar.

La Moncloa fustigará a la sociedad española culpándola de un “racismo estructural” histórico. También el Ejecutivo destinará otros 1,2 millones de euros a «concienciar» a la población sobre la necesidad de desarrollar una integración con los animales; otros 1,87 millones de euros a «informar a los jóvenes sobre la Seguridad Social»  e incluso 4,85 millones de euros para un plan de propaganda que impulse la «recuperación y resiliencia», “visibilizando casos reales de proyectos vinculados al mismo”.

¿Concienciar Sr. Sanchez? Jajajajajajaja 😆🤣😈, pues verá …. ¡NO ME SALE DE LOS COJONES! ¿Capicci?

La insólita dificultad del Comité Olímpico para verificar géneros en París

El presidente del COI, Thomas Bach, buscar desestimar las certezas que ofrece la ciencia a través de los estudios médicos hechos por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA). Culpa a «una guerra cultural» de los que quieren apropiarse «de la definición de lo que es una mujer»

por Oriana Rivas

Lin Yu-Ting (cuyos estudios hormonales determinaron que es hombre) golpeó a la contrincante turca de tal manera que ganó por decisión unánime. (EFE)

Para el Comité Olímpico Internacional (COI) no importa que días atrás se informara la existencia de pruebas hormonales que comprueban la masculinidad de Imane Khelif, quien compite en boxeo con la bandera de Argelia en los Juegos Olímpicos o de Lin Yu-ting, representante de Taiwán. El presidente del Comité Olímpico, Thomas Bach, prefiere decir que las críticas por permitirles competir contra mujeres esconden “una guerra cultural” de los que quieren apropiarse “de la definición de lo que es una mujer”.

En sus nuevas declaraciones, Bach buscar desestimar las certezas que ofrece la ciencia a través de los estudios médicos hechos por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés) a ambos boxeadores mayo de 2022 y marzo de 2023, cuyos resultados “no coincidían con los criterios de elegibilidad para los eventos femeninos”.

“Si alguien nos presenta un sistema fiable de distinguir a los hombres de las mujeres, seríamos los primeros en emplearlo. Pero lo que no es posible es que alguien diga si es o no mujer solo con mirarla y que organismos no creíbles con altos intereses políticos emprendan una campaña de difamación”, declaró el presidente del COI, sumiéndose en un mar de contradicciones teniendo en cuenta que “la medicina es conocimiento, no opinión”, como declaró anteriormente Ioannis Filippatos, expresidente del Comité Médico de la IBA.

“Los test no son fiables”, dice el Comité Olímpico

Imane Khelif ganó el oro en la última pelea que que sostuvo en estos Juegos Olímpicos de París, mientras que el taiwanés Lin Yu-Ting también clasificó para disputar el oro, aunque en otra categoría. Las reseñas del más reciente encuentro en el cuadrilátero de este último no esconden cómo “desde el primer segundo” golpeó a la turca Esra Yildiz Kahraman de tal manera que “fue un aviso de lo que iba a pasar en el resto del combate”, mencionó la agencia EFE. Ganó por decisión unánime.

Y es que los dos boxeadores han noqueado a sus contrincantes mujeres, siendo la pelea de Khelif con la italiana Angela Carini la más polémica. Duró 46 segundos porque la boxeadora no aguantó la intensidad de los golpes del argelino. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, advirtió antes que no sería un “combate en igualdad de condiciones”. Y así fue.

Pero eso al COI no le importa. Por el contrario, su presidente remarcó que hasta 1999 aplicaron el test de género, porque “la ciencia nos dijo que no son fiables, que no funcionan y que además pueden ser contrarios a los derechos humanos por invasivos”. A eso agregó que “las mujeres tienen derecho a competir en competiciones de mujeres. Y son dos mujeres”, subrayó. “No es una cuestión de inclusión, sino de justicia”.

La historia del hisopado bucal 

Es válido hacer un breve repaso de cómo el COI introdujo la ideología de género en las Olimpiadas. Y es que a pesar de haber hecho una encuesta en los Juegos de Atlanta de 1996 preguntando a las atletas femeninas si el hisopado bucal debía continuar, este suspendió el test definitivamente cuando en realidad el 82 % de las consultadas estuvo a favor de mantenerlo, mientras que el 94 % respondió de forma negativa a la pregunta sobre si les causaba ansiedad.

Las palabras de Janice Turner, columnista de The Times, sobre ese precedente están en lo correcto: “El COI ignoró a casi 1000 mujeres de élite que respondieron y abolió los hisopados bucales para Sydney en 2000. Esa decisión ejemplifica el desprecio del COI por las competidoras femeninas”.

Escuela de calor 2024

#CalentamientoGlobalMilonga

«The problem with the current climate change narrative is that it is false. It claims that carbon dioxide controls global temperature, whereas the evidence shows that it is global temperatures that control the concentration of carbon dioxide.»

Por Fernando del Pino Calvo-Sotelo

ublicar en plena canícula veraniega un artículo sobre cambio climático con este título se ha convertido en toda una tradición. Este año, además, se cumple el 40 aniversario de la canción homónima, aparecida en una época, los gloriosos 80, en la que la música era música, la vida estaba llena de esperanza y el ciudadano era mucho más libre. También en aquella época los científicos aún no sacrificaban su integridad por defender una consigna política que les asegurara el empleo o el ascenso.

La habitual campaña de alarmismo climático hiberna como los osos para resurgir con fuerza cada verano aprovechando las olas de calor propias de la estación (verano: «época más calurosa del año»). Sin embargo, este año las hordas climáticas andan perplejas: la sequía (que ningún meteorólogo supo predecir) pareció acabar con los muy húmedos meses de marzo y junio (lluvias que tampoco supieron predecir) y este mes de junio también ha sido frío[1], como fría aparenta haber sido la primera mitad de julio, mal comienzo para un verano para el que la AEMET pronosticaba (¿basándose en qué?) temperaturas «muy altas»[2]. Pues bien, los mismos meteorólogos que no tienen ni la más remota idea de qué tiempo va a hacer la semana que viene o de cuándo empiezan o acaban las sequías pretenden hacernos creer que saben cómo será el clima del planeta dentro de 100 años.

El gran engaño es hacernos creer que vivimos una emergencia climática por nuestra culpa con temperaturas jamás vistas, aunque en ocasiones el timo quede en evidencia cuando el derretimiento de un glaciar deja al descubierto restos arqueológicos de una senda utilizada por romanos y vikingos[3], lo que demuestra que tanto en el Período Cálido Medieval como en el Romano (hace unos 800 y 2000 años, respectivamente) no existían dichos glaciares. Debo añadir que nunca he comprendido la adoración totémica de algo tan carente de vida e inútil como un glaciar (al menos hasta que se derrite).

Otro ejemplo es el reciente descubrimiento de restos fósiles de gatos salvajes, cánidos, osos pardos y urogallos más allá del Círculo Polar Ártico, lo que sugiere una época más cálida en el Máximo del Holoceno (hace unos 8.000 años)[4]. De hecho, incluso el IPCC duda («nivel medio de confianza») que la temperatura actual será superior a la de aquel entonces[5].

Asimetría informativa

No es casualidad que el globalismo utilice la meteorología como arma, pues tenemos una memoria muy corta y nos limitamos a reproducir creencias populares: “el tiempo ya no es el de antes”, es el mantra. No es así. De hecho, llaman ciencia a lo que no es más que propaganda, como pone de manifiesto la asimetría informativa con la que se denominan fenómenos de distinto signo, pero idéntica naturaleza: si hace frío y llueve nos encontramos ante un fenómeno meteorológico pasajero («aislado»), sea una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) o una BFA (Borrasca Fría Aislada), pero si hace calor o hay sequía siempre es cambio climático. ¿Ya no hay anticiclones?

No obstante, el instrumento más eficaz para promover el miedo al apocalipsis ha sido ligar al cambio climático los fenómenos meteorológicos extremos. El primero en comprenderlo fue Al Gore, que utilizó las impactantes imágenes del huracán Katrina (2005) como base de su conocido documental propagandístico (2006). Estas supuestas relaciones de causalidad, sin embargo, nunca estuvieron basadas en la ciencia o en la observación, sino en el trabajo de agencias de publicidad contratadas ad hoc para encontrar las palancas que más pudieran mover a la opinión pública.

La caída de los iconos del cambio climático

El paso de los años ha puesto de manifiesto que todos los iconos de la propaganda climática eran puras invenciones: la población de osos polares sigue creciendo[6], los corales de la Gran Barrera de Coral alcanzaron máximos de los últimos 40 años en 2024[7], la superficie quemada por incendios forestales ha disminuido un 25% en las últimas décadas[8] y los fenómenos meteorológicos extremos no han aumentado en frecuencia o severidad.

Así lo reconoce hasta el IPCC en los capítulos científicos del AR5[9] y del AR6[10], donde deja claro que «la evidencia es limitada o no hay señal» de que hayan variado significativamente las precipitaciones, ni las inundaciones, ni las sequías, ni los huracanes, ni la cobertura de nieve ni la acidez del océano, otorgando una «baja confianza» a las afirmaciones que se hagan al respecto.

Naturalmente, los medios de comunicación continúan ligando cada huracán, cada sequía, cada fuego forestal y cada inundación al cambio climático a pesar de que incluso la Organización Meteorológica Mundial advierte de que «ateniéndonos al estado actual de conocimiento de la ciencia, ningún huracán u otro evento concreto puede atribuirse al cambio climático inducido por el hombre»[11].

Las noticias sobre el supuesto derretimiento de los hielos tampoco tienen fundamento. La temperatura media de la Antártida (-57ºC), reservorio del 90% de hielo del planeta, se mantiene estable desde 1979[12], como lo está su hielo continental y flotante[13], que incluso podría haber aumentado en la última década[14]. Asimismo, la capa de hielo de Groenlandia (reservorio del 9% del hielo del planeta) es hoy superior al que había en el Holoceno Medio, hace 6.000 años[15], cuando probablemente la temperatura del planeta era superior a la actual[16]. No olviden que Groenlandia («Tierra Verde») fue bautizada así por sus pastos cuando fue habitada durante el Período Cálido Medieval.

La polémica con la AEMET

En España, la AEMET, cuyas publicaciones y servicios sigo desde hace muchos años, no se ha librado de la contaminación política, y su instrumentalización para promover la agenda climática se ha vuelto tan patente que ha ido atrayendo el escrutinio creciente de analistas. Algunos de ellos denunciaron recientemente que la Agencia había tildado la primavera de 2024 de «cálida» cuando en 2016 la había tildado de «fría» con idéntica temperatura. Esto estaría en consonancia con los meteorólogos que pintan los mapas del tiempo de un alarmante color fuego por temperaturas que antaño pintaban de colores más normales (¿cambio climático o cambio cromático?).

Aplaudo el seguimiento crítico de los datos de la AEMET, aunque en este caso el hecho tenga explicación. En efecto, la Agencia cambió en 2020 la metodología utilizada para calcular las temperaturas medias en España y modificó las series numéricas, pero no el texto de sus informes ya publicados. El sistema anterior calculaba la temperatura de España mediante una media de 42 estaciones ponderada por la superficie resultante de aplicar los polígonos de Thiessen, sencillos diagramas de Voronoi que son un método geométricamente elegante, pero arbitrario y demasiado simple[17].

La nueva metodología se basa en la utilización de 1.800 estaciones de medición a las que se ha añadido datos interpolados en pequeñas rejillas con modelos de regresión múltiple que tengan en cuenta latitud, altitud y distancia de la costa. Como consecuencia del cambio metodológico, las temperaturas de la serie histórica han bajado una media de casi 1,5ºC.

¿Ha dejado de ser fiable la AEMET?

Sin embargo, aunque la AEMET no sea culpable de aplicar adjetivos diferentes a temperaturas idénticas, su actuación plantea muchos interrogantes. Que un simple cambio metodológico haga variar la serie histórica de temperaturas en casi 1,5ºC demuestra una vez más que la medición de temperaturas es siempre aproximada y que no puede inferirse ningún cambio climático de diferencias de décima de grado. En segundo lugar, el nuevo sistema implica que la inmensa mayoría de datos son estimaciones estadísticas y no mediciones directas de temperatura. Animo a la AEMET a publicar la serie histórica de las temperaturas medidas por las actuales 1.800 estaciones sin interpolaciones (500 estaciones en 1961, y un número creciente desde entonces).

Asimismo, las correlaciones entre los resultados de dos metodologías tan diferentes son demasiado elevadas como para no sospechar la existencia de sesgos confirmatorios, a pesar de la cercanía de las estaciones entre sí[18], y las verificaciones estadísticas no garantizan ni mucho menos el funcionamiento del modelo en el futuro (como ocurre con todo backtesting).

La nueva metodología gana cuatro años a la serie histórica anterior, que empezaba en 1965. Ahora nos podemos remontar a 1961, pero ¿por qué no se remonta la AEMET a 1940 o 1950? Tiene entre 300 y 500 estaciones para elaborar una buena media, así que le animo a hacerlo, porque quizá veríamos que las temperaturas actuales son similares a las de aquel entonces.

En efecto, entre 1945 y 1975, aproximadamente, el planeta se enfrió, el «bien conocido enfriamiento térmico»[19], en palabras de la AEMET, que sin embargo no explica la caída de temperaturas en España hasta el mínimo de 1972 ni parece preguntarse por qué se produjo tal enfriamiento si el CO2 ya estaba aumentando en ese período. Una correlación negativa excluye la posibilidad de una relación de causalidad.

Tampoco existe correlación entre el aumento de CO2 y la conocida como «la Pausa» o el Hiato, ese período entre 1998 y 2015 en el que la temperatura terrestre no aumentó a pesar del constante aumento del CO2. Este fenómeno fue silenciado por los medios y negado por los patéticos fact-checkers a pesar de que el propio IPCC mencionaba «la Pausa» en 53 ocasiones en su Quinto Informe (AR5) y le dedicaba un artículo entero titulado «Los Modelos Climáticos y la Pausa en el Calentamiento Global en los últimos 15 Años»[20]. La AEMET reconoce la «ralentización del calentamiento observada en las décadas de 1990 y 2000, durante las cuales el calentamiento daba muestras de haber cesado»[21], aunque sorprendentemente esta «época en que el calentamiento parece estancarse»[22] no le parece merecedora de comentario alguno.

Sesgos climáticos

Otro ejemplo del sesgo de la AEMET es que, al comentar que a partir de 1991 se sucedieron tres años fríos consecutivos (siendo 1993 el cuarto año más frío desde 1961), menciona la coincidencia temporal con la erupción del volcán Pinatubo dando a entender que ésa fue la causa. Sin duda, las erupciones de volcanes en superficie tienden a provocar un enfriamiento temporal del planeta, pero ¿por qué sólo se buscan explicaciones naturales a los años fríos y no a los cálidos? ¿Por qué la AEMET no liga el calentamiento de los dos últimos años a otros fenómenos concretos como El Niño 2023-2024 (el cuarto más fuerte de la historia) o la erupción del volcán submarino Hunga-Tonga en 2022, que lanzó a la atmósfera un ingente volumen de vapor de agua (el mayor gas invernadero), lo que «podría calentar temporalmente la superficie terrestre»[23], según la NASA?

La AEMET también obedece fielmente las consignas del IPCC en su forma de presentar los datos para manipular a la opinión pública. Así, compara la temperatura actual con la que llama la época preindustrial, que data en 1850. Casualmente, 1850 marca un mínimo en las temperaturas de los últimos 700 años y coincide con el fin de la Pequeña Edad de Hielo, que comenzó alrededor del 1300 (cuando terminó el Período Cálido Medieval) y supuso un severo enfriamiento de la Tierra por causas naturales, cuyos detalles, como tantas cuestiones sobre el clima, aún se ignoran.

La pregunta es: ¿por qué no toman el año 1300 como origen de la temperatura “preindustrial”? Porque el s. XIV es tan “preindustrial” como el s. XIX, ¿no? Sencillamente, porque si tomaran ese año veríamos que las temperaturas actuales no difieren mucho de las de aquel entonces y el relato apocalíptico se derrumbaría como un castillo de naipes. Lo mismo ocurre con los datos por satélite, que comienzan a darse en 1979, justo después de 30 años de enfriamiento de la atmósfera. Ya saben, si quieren manipular un gráfico y dar a entender una tendencia, elijan bien el origen e coordenadas y, sobre todo, t0.

Asimismo, la AEMET nunca habla de temperaturas absolutas, sino de «anomalía» de temperaturas respecto de una media móvil. Naturalmente, ésta es la práctica estándar de toda la literatura científica sobre el clima, pero semejante utilización del lenguaje resulta relevante, puesto que el término «anomalía» da a entender que existe una anormalidad, una rareza, una desviación, un defecto. Sin embargo, el único modo de que no existiera anomalía alguna sería que la temperatura de la Tierra fuera siempre constante, y eso sí que sería raro.

Centrar la atención en las supuestas «anomalías» tiene una enorme importancia a la hora de presentar gráficamente los datos, pues no es lo mismo presentar un gráfico de anomalías de décimas de grado (en el que variaciones muy pequeñas parecen enormes) que un gráfico de temperaturas como el siguiente, que muestra la temperatura media de España desde 1961 hasta 2023 según la nueva metodología de la AEMET:

Islas de calor urbano            

Según la AEMET, la temperatura media de España ha aumentado a un inapreciable ritmo de 0,31ºC por década desde 1961. En parte, este aumento se debe al llamado efecto de isla de calor urbano (UHI), causado por termómetros antaño situados en un pueblo o en mitad de un prado que hoy se encuentran en plena ciudad, con tráfico, aire acondicionado y calefacciones, o, peor aún, cerca de esos adefesios llamados huertos solares, capaces de elevar la temperatura circundante hasta 4ºC[24]. Este efecto hace que las series históricas de mediciones de superficie deban ser tomadas con cautela y explica por qué los satélites medían un aumento de temperaturas muy inferior al que medían los termómetros de superficie hasta que, en 2017, curiosamente, se modificó la interpretación de los datos satelitales[25]. De hecho, en su primera década en el espacio (1979-1989) los satélites no detectaron calentamiento alguno de la Tierra a pesar del aumento de CO2.[26]

La Agencia menciona que con su nueva metodología el efecto de isla de calor urbana se atenúa, pero le resta importancia citando al AR5 (y AR6) del IPCC para afirmar que no cree que afecte en más de un 10%. Sin embargo, reconoce que en regiones en rápido desarrollo (como España desde 1961) esta cifra pueda ser mayor, e investigaciones recientes afirman que el efecto de isla de calor urbano es muy superior al estimado por el IPCC, de modo que, si se utilizan sólo las temperaturas medidas por estaciones rurales, el supuesto ritmo de calentamiento del hemisferio norte desde 1850 sería un 40% inferior[27]. Animo a la AEMET a publicar las temperaturas históricas de sus estaciones rurales exclusivamente.

La mayor estafa de la Historia

Dada la ingente cantidad de dinero que depende del catastrofismo climático, la aplastante presión y censura sobre los científicos y el significativo número de caraduras que viven de ello, probablemente nos encontremos ante la mayor estafa de la Historia.

 Sin embargo, no debemos olvidar que ante todo nos encontramos frente a una agenda de poder con la que el globalismo sueña alcanzar su distopía: una sociedad controlada, sin libertad ni prosperidad y sometida a todo tipo de prohibiciones y restricciones por miedo a un apocalipsis inventado. Mencken lo describió hace más de un siglo: «El único objetivo es mantener a la población asustada (y, por tanto, clamando por su salvación) amenazándola con una interminable serie de temores, casi todos imaginarios[28]». Amén.

[1] Resumen mensual climatológico de España (aemet.es)
[2] Una primavera más cálida de lo normal dará paso a un verano con temperaturas muy altas – Agencia Estatal de Meteorología – AEMET. Gobierno de España
[3] Melting Ice Reveals an Ancient Thriving Trade Route – State of the Planet (columbia.edu)
[4] Ancient DNA and osteological analyses of a unique paleo-archive reveal Early Holocene faunal expansion into the Scandinavian Arctic | Science Advances
[5] IPCC AR6, WG 1, TS 112.
[6] 50 years after hunting ban polar bears are thriving, new report shows – The Global Warming Policy Foundation (thegwpf.org)
[7] Bjorn Lomborg en X: «Doesn’t fit the narrative, but 2024 record coral cover for Great Barrier Reef Based on official data for all 11 sectors of GBR, Last three years, 2022-2024, have been unprecedented Data: https://t.co/MQ0qkITsby https://t.co/Ru0rZGwytS https://t.co/F5EH0hjaL3» / X
[8] A human-driven decline in global burned area | Science
[9] IPCC AR5, WG 1, Chapter 2.6, p.214-220
[10] IPCC AR6, WG 1, Chapter 12, p. 1770-1856
[11] Citado por S. Koonin, El Clima: no todo es culpa nuestra, La Esfera de los Libros, 2023.
[12] The State of the Climate in 2023 (thegwpf.org)
[13] Understanding climate: Antarctic sea ice extent | NOAA Climate.gov
[14] TC – Change in Antarctic ice shelf area from 2009 to 2019 (copernicus.org)
[15] IPCC AR6, WG 1, 9.6.2.
[16] NOAA National Environmental Satellite, Data, and Information Service: Mid-Holocene Warm Period, Penultimate Interglacial Period and Early Eocene Period
[17] Los polígonos de Thiessen se crean uniendo entre sí los puntos del plano que marcan la localización de cada estación, trazando las mediatrices de los segmentos de unión y estableciendo distintas áreas de influencia de cada estación con las intersecciones de dichas mediatrices.
[18] Hansen y Lebedeff, 1987
[19] NT_31_1_Analisis_temp_rejillas.pdf (aemet.es) p. 48
[20] IPCC AR5, WG 1, Box TS 3, p. 61-63
[21] NT_31_1_Analisis_temp_rejillas.pdf (aemet.es)
[22] Análisis de las temperaturas en España en el periodo 1961-2018. Volumen 2. Series de temperaturas medias en España a partir de estaciones de referencia (aemet.es)
[23] Tonga Eruption Blasted Unprecedented Amount of Water Into Stratosphere – NASA
[24] The Photovoltaic Heat Island Effect: Larger solar power plants increase local temperatures | Scientific Reports (nature.com)
[25] The State of the Climate in 2023 (thegwpf.org)
[26] Satellites Find No Sign of Global Warming in 80’s – The New York Times (nytimes.com)
[27] Climate | Free Full-Text | The Detection and Attribution of Northern Hemisphere Land Surface Warming (1850–2018) in Terms of Human and Natural Factors: Challenges of Inadequate Data (mdpi.com), citado por José Gefaell (@ChGefaell)
[28] Citado por S. Koonin, El Clima: no todo es culpa nuestra, La Esfera de los Libros, 2023.

Descarga el artículo en PDF

FOR THE PAST FEW DECADES, IT HAS BEEN TRIED TO SCARE CHILDREN – AND THE REST OF US – INTO SELLING THE IDEA THAT WE ARE DESTROYING THE EARTH AND THAT THE PUBLIC HAS TO GIVE UP ITS FREEDOM TO BUREAUCRATS, GREEDY POLITICIANS AND THE POWERFUL TO SAVE THE PLANET.

Los disturbios en Reino Unido y el Frente Obrero como tontos útiles de la censura que se viene

Por Diego Herchhoren

Esta semana un joven de 17 años supuestamente entró en una clase de baile para niños en Southport, al noroeste de Inglaterra y comenzó a apuñalar a niñas pequeñas, hiriendo a 10 y matando a 3. Inicialmente se informó que el niño era un inmigrante musulmán. 

Sin embargo, esta historia se revirtió en cuestión de horas, y la nueva versión reflejó que en realidad había nacido en Cardiff, hijo de inmigrantes ruandeses. Su nombre era “Axel Muganwa Rudakubana” a última hora del viernes.

Otro joven fue detenido más tarde, supuestamente, portando un machete y un pasamontañas durante una vigilia por las víctimas. Se dice que también era musulmán. Esto, supuestamente, dio lugar a las protestas y disturbios, la destrucción de un muro de ladrillos fuera de una mezquita y la quema de un furgón policial. Posteriormente surgieron otros supuestos disturbios en Londres y Hartlepool .

Ésta es la versión actual. Ninguno de los detalles ha sido confirmado todavía, así que todo es por ahora un acto de fe, porque además estos hechos estuvieron precedidos de varios episodios de violencia policial contra inmigrantes en varios puntos de Inglaterra.

En el caso español, se está abriendo paulatinamente una ventana para encontrar paralelismos que permitan enrarecer el ambiente. Ayer conocíamos que cinco trabajadores del Centro de Atención a Menores (CAM) de Ateca, en Zaragoza, habían sido detenidos acusados de delitos contra la integridad moral, lesiones, torturas, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal. Se trata de un caso de abusos sexuales a adolescentes tutelados por el Gobierno de Aragón en el que cuatro de los cinco detenidos eran extranjeros, y de lo que poco más se conoce.

Diferentes medios de comunicación y dirigentes políticos han estado reflejando un panorama desolador en el que la inmigración, y fundamentalmente la inmigración africana, ha disparado la inseguridad en España, a pesar de ser el país de la Unión Europea con la tasa más baja de delitos. Pero el sueño húmedo de los movimientos fascistas en España es obtener una respuesta parecida a la de Reino Unido, algo que para nada es descabellado, puede ocurrir y tiene antecedentes (El Ejido, febrero de 2000 o caso Lucrecia Pérez, noviembre de 1992).

Cualquiera que sea la verdad de lo ocurrido en el centro de menores de Ateca, y cualesquiera que sean los objetivos a largo plazo que puedan perseguir, esta “estrategia de tensión” tiene una agenda política inmediata que ya se está volviendo clara, y es tan predecible como siempre.

Atacar la libertad de expresión es la agenda eterna y omnipresente que precede a todo lo demás y ha sido una verdadera acumulación en los últimos días. El diario ABC titulaba sin tapujos: Un bulo en redes sociales sobre el origen del autor del ataque en Southport deja más de 50 policías heridos.

En Reino Unido la BBC preguntaba: “¿Las redes sociales avivaron las llamas de los disturbios en Southport?” y el Telegraph responde afirmativamente. En España, el consenso de medios es similar: la veracidad de la información está sujeta al autor de la publicación, lo cuál es un retorno a lo que el franquismo llamaba la «verdad oficial», y en consecuencia, se deben aplicar restricciones a todas aquellas fuentes «no oficiales» o «no verificadas».

Lo cierto es que se viene gestando una gran ola de censura en el que los grupos fascistas, como el Frente Obrero, son los tontos útiles de la legislación que se viene. Es necesario crear un clímax reaccionario para que, en este caso, de la mano de un gobierno «progresista», la censura se vea como algo normal o positivo (igual que lo fue el confinamiento de 2020).

Es por eso que casi todo en el ciclo de noticias –desde las enfermedades hasta el cambio climático– supuestamente puede “solucionarse” con censura.

Porque una vez eliminada la libertad de expresión, todo lo que viene después se vuelve mucho más fácil, incluida la segunda parte de la agenda que se impulsa ahora: la vigilancia masiva y la tecnología de reconocimiento facial.

En lo que respecta a este objetivo secundario, los medios de comunicación aún no han llegado a la fase de “llamado a la acción”. Siguen estancados en la difusión del miedo, con advertencias generalizadas sobre «peligros para la democracia» como Alvise Pérez o la delincuencia común -nunca se verá como un peligro para la democracia que millones de familias no puedan pagar su vivienda-.

Lo cual, a su vez, tiene el útil efecto secundario de hacer que el tal Alvise parezca una auténtica fuerza de oposición. Y en el lado opuesto se podrá ver el aplauso a las medidas represivas, por supuesto, al creer que el Estado es nuestro único escudo contra los malvados y malhechores de la extrema derecha.

🇬🇧 MODERN TIMES / «Individual who thinks he is «anti-fascist» because he calls everyone who does not think like him a fascist»

Sobre la justicia social

Por Fernando del Pino Calvo-Sotelo

La artificial controversia generada por la sobrerreacción del gobierno a unas palabras del presidente de Argentina ha opacado su mensaje de firme defensa de la libertad y desacomplejada crítica del socialismo, un soplo de aire fresco y un verdadero shock para nuestra inculta clase política.

Uno de los debates suscitados por el argentino ha girado alrededor de sus críticas a la justicia social. Algunos se han escandalizado, pero antes de criticarle o aplaudirle convendría definir qué es la justicia social, y aquí nos topamos con un serio obstáculo. En efecto, aunque el concepto clásico de justicia quedó definido por Ulpiano (y luego por Santo Tomás de Aquino) como «dar a cada uno lo que le corresponde», la justicia «social» nunca ha sido claramente definida, como censuraba Hayek. Por este motivo, sólo podemos analizarla por aproximación.

La justicia social como igualitarismo

La justicia social está muy relacionada con el igualitarismo, una ideología muy reciente. En efecto, la sociedad actual, dominada por la propaganda y la adulación de las masas consustanciales al sufragio universal, ha olvidado que la igualdad del hombre se circunscribe a su inalienable dignidad como ser humano y a la deseable igualdad de todos ante la ley. Toda igualdad que trascienda estos dos conceptos suele ir contra el orden natural de las cosas y ser injusta: prueba de ello es que debe ser impuesta por la fuerza.

En efecto, Dios no repartió sus talentos por igual, ni los atributos físicos, ni la salud, ni la inteligencia, ni la virtud, y los resultados diferentes que proceden de talentos diferentes sólo pueden ser calificados de justos. Es justo que el estudiante que dedique muchas horas al estudio saque mejor nota que uno que no lo hace, o que el estudiante inteligente y con mayor capacidad de concentración necesite menos horas que el que es menos dotado o adolece de atención dispersa. También resulta justo que el adulto trabajador y frugal obtenga unos resultados mejores que el zángano derrochador, o que el que arriesga su patrimonio para montar un negocio obtenga más recompensas económicas que el empleado, el directivo o el funcionario que valora la seguridad en el empleo y una jornada laboral corta.

También es justo que el Real Madrid haya ganado 14 (o 15) Copas de Europa y Novak Djokovic 24 Grand Slam, pero en el deporte, misteriosamente, nadie cuestiona la justicia del palmarés ni propone redistribuir los trofeos a otros equipos o jugadores, aunque la distribución de trofeos sea tan asimétrica como la de la riqueza (ley de Pareto).

Siendo un signo de los tiempos tener que explicar lo obvio, reitero que las diferencias en capacidades físicas, intelectuales o morales, y las diferentes circunstancias de cada uno, pertenecen al orden natural de las cosas. Pero es que, además, dichas diferencias son enriquecedoras, pues alientan a las personas «a la magnanimidad, a la benevolencia y a la comunicación»[1], es decir, al servicio a los demás.

Naturalmente, en ciertas ocasiones la diferencia de resultados proviene de condiciones apriorísticas contrarias a la justicia, como veremos más adelante.

La justicia social como redistribución de la riqueza

Una concreción del igualitarismo es la corrección de la desigualdad económica mediante la redistribución de la riqueza, que se equipara a la justicia social e incluso a la justicia distributiva. Aquí tropezamos con varios escollos. Primero, tachar de injusta la desigualdad económica es algo que dista mucho de ser evidente[2]. Segundo, redistribuir la riqueza significa la redistribución coercitiva de la riqueza por parte del Estado, lo que implica una vulneración de la libertad y de la propiedad privada mediante el uso de la violencia, o sea, lo que antaño se denominaba robo.

Resulta patente que en las democracias actuales la redistribución de la riqueza tiene poco que ver con una actitud benéfica o virtuosa del Estado y mucho con la compra de votos por parte de los políticos, que empujan a las masas a la codicia de los bienes ajenos y a la envidia «de la que tan hábilmente abusan los agitadores de la lucha social»[3]. En este sentido, conviene constatar que el Estado de Bienestar no se ocupa primordialmente de los pobres o indigentes, una minoría cuyos votos cuentan poco, sino de la población en su conjunto, cuyos votos sí cuentan.

Por último, la redistribución coercitiva por parte del Estado ―bajo un disfraz altruista que oculta un espurio afán de poder― vulnera también los esenciales principios de solidaridad y de subsidiariedad, pilares básicos de un orden social justo y bueno.

El principio de solidaridad

El principio de solidaridad hace referencia al vínculo que nos une a los demás. El hombre no puede aislarse y encerrarse en sí mismo, pues ha nacido para la unión y la ayuda mutua. Nadie es una isla en medio del océano: todos caminamos juntos por la incierta travesía de la vida, necesitándonos mutuamente.

Esta dependencia mutua permite desarrollar la virtud de la caridad y de la generosidad y tiene la maravillosa característica de ser bidireccional, pues beneficia tanto al ayudado como al que ayuda (en palabras de Cristo, «hay más dicha en dar que en recibir»[4]). Sin embargo, por su propia naturaleza, la solidaridad está unida al don de la libertad. De este modo, cuando a través de unos impuestos que no son precisamente voluntarios el Estado suplanta al individuo y lo sustituye por una masa burocrática que no actúa bajo el impulso de la virtud sino como parte de un engranaje ciego e impersonal, la solidaridad queda destruida.

La acción redistributiva del Estado también produce un efecto de expulsión o de crowding out de la acción caritativa del individuo, pues quien ha pagado un 65% de su renta en todo tipo de impuestos directos e indirectos (porcentaje medio que paga el trabajador español cada año[5]) sentirá que ya ha ayudado suficiente a los demás.

El principio de subsidiariedad

La redistribución coercitiva de la riqueza por parte del Estado también vulnera el «gravísimo, inamovible e inmutable» principio de subsidiariedad[6], que establece que «una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias». De ello se colige que no es legítimo que el Estado absorba y suplante al individuo o a la comunidad en aquellas actividades que éstos pueden llevar a cabo con su propio esfuerzo e industria.

Sin duda, toda sociedad civilizada tiene el deber de proteger a sus miembros más débiles (empezando por el nasciturus), pero el Estado no debe hacerlo con carácter universal (a todos los ciudadanos, lo necesiten o no), sino sólo a los más necesitados, y sólo con carácter suplente o subsidiario. Este matiz es crucial. Así, la actuación del Estado como ente protector debería reducirse a un papel limitado enfocado a aquellos a los que el individuo, la familia, la comunidad o la sociedad civil no alcancen a proteger con sus actos de solidaridad voluntaria.

Incluso cuando el Estado dota de una pensión a un individuo que podía haber ahorrado, vacía de contenido la virtud de la frugalidad, pero también de la generosidad y de la justicia, al obstaculizar que los hijos cuiden de sus padres mayores con reciprocidad: «Pan por pan, protección por protección, cuidado por cuidado, sacrificio por sacrificio»[7].

Desgraciadamente, la coartada de los servicios públicos ha permitido un crecimiento desorbitado y sin precedentes del tamaño del Estado. No debemos olvidar que lo que tomamos por normal dista mucho de serlo. En efecto, «la evidencia histórica indica que, desde la Antigüedad clásica hasta el siglo XX, la tributación directa regular en el mundo occidental (a diferencia de una emergencia) se consideraba ilegal excepto para los pueblos sometidos, hasta el extremo de que en la antigua Atenas los impuestos eran considerados un rasgo típico de la tiranía»[8].

Solidaridad y subsidiariedad están interrelacionadas. La subsidiaridad sin solidaridad corre el peligro de alimentar formas de individualismo egoísta que empobrecen a todos, comenzado por el propio sujeto, mientras que la solidaridad sin subsidiaridad puede degenerar fácilmente en ese asistencialismo tan dañino del Estado de Bienestar[9], generador de dependencias y servidumbres (que son su verdadero objetivo). Así, «al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos»[10]. Sin duda, la concentración de funciones y tareas en el Estado «es la gran tara de nuestro tiempo»[11].

Finalmente, dar por sentado que la distribución espontánea de la renta es, por defecto, un error, un mal y una injusticia que el Estado debe corregir, contiene un mensaje subliminal enormemente destructivo, esto es, que todo aquello que no nos satisface, todo deseo insatisfecho, es un derecho conculcado, una injusticia de la que otros son culpables. Culpar automáticamente de nuestros males a otros es una cómoda tentación que nos aleja de la verdad, y pretender que tenemos derechos que pasan por violar los de los demás nos conduce a la barbarie.

La justicia social como bien común

Ni el igualitarismo ni la redistribución coercitiva de la riqueza por parte del Estado parecen responder a la definición clásica de justicia. Sin embargo, existe una equivalencia que, con todas sus limitaciones ―pues cae también en la indefinición del concepto― propone relacionar la justicia social con el bien común, y ésta merece una opinión mucho más positiva.

El bien común no significa comunidad de bienes ni colectivismo, como equivocadamente se cree, sino el «conjunto de condiciones sociales que permiten a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección»[12]. Cada ser humano es «una obra a realizar»[13], «una lámpara creada por Dios para brillar y dar luz al mundo»[14], y las condiciones ambientales idóneas que le facilitan esa tarea de construcción de sí mismo se denominan bien común. En otras palabras, el bien común es el conjunto de principios, valores, instituciones, normas y estructuras que facilitan que cada individuo pueda realizarse plenamente y hacer florecer sus talentos, que no sólo le beneficiarán a él, sino también a los demás. Naturalmente, esto sólo podrá ocurrir si el individuo así lo elige libremente, es decir, si decide aceptar su papel en la Historia, minúsculo o enorme, pero siempre —y aquí reside la belleza de la individualidad— único e irrepetible.

Forma parte del bien común, en primer lugar, el respeto de los derechos y de la dignidad del ser humano partiendo del respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No olvidemos que los derechos del ser humano son previos y están por encima de la existencia de cualquier Estado.

También es bien común la preservación de la paz, entendida no sólo como ausencia de guerra, sino como concordia entre los ciudadanos desde el respeto a las diferencias.

También forma parte del bien común la libertad en su sentido más amplio: libertad religiosa, libertad de opinión y de expresión, y libertad de mercado, puesto que el libre mercado es el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades materiales de la sociedad[15]. En este sentido, como afirma el sacerdote y filósofo Martin Rhonheimer, un referente en ética económica, «la evidencia histórica es clara: durante los dos últimos siglos, la economía de libre mercado y la libertad de comercio han mejorado continuamente las condiciones de vida de todos los niveles sociales, siempre y en todas partes. Por el contrario, todo tipo de intervencionismo estatal, todo tipo de planificación económica y todo tipo de socialismo han deteriorado las condiciones de vida y el bienestar de todos los niveles sociales, siempre y en todas partes»[16].

Asimismo, forma parte del bien común la existencia y preservación de un marco jurídico estable y justo, de un Estado de Derecho sostenido sobre el imperio de la ley que obligue por igual a gobernantes y gobernados y que defienda el derecho natural a la propiedad privada, «que tiene un valor permanente»[17] y sin la cual no puede haber libertad ni progreso económico, no en balde los fenómenos de pobreza suelen estar ligados a los obstáculos a la misma[18].

La primera institución que conforma el bien común es la familia, formada por un padre y por una madre, en la que los hijos puedan crecer en un ambiente de amor, seguridad y estabilidad. Una sociedad que busque el bien común hará lo imposible por proteger a la familia. Un Estado que quiera dominar a sus súbditos hará lo posible por destruirla, pues se interpone entre él y el individuo.

El acceso a una educación independientemente de las condiciones económicas de la persona forma también parte integrante del bien común. Esto no implica que sea el Estado el que provea este servicio, realizado con mayor calidad y menor adoctrinamiento por el sector privado, sino que lo financie de modo subsidiario, es decir, sólo en aquellos casos en que la familia, la comunidad o la sociedad civil no alcancen a hacerlo. La educación tampoco debería ser un derecho independiente del resultado académico, sino dependiente del esfuerzo y del mérito. Obviamente, el bien común engloba también el acceso a unos servicios de salud básicos, de nuevo desde el respeto al principio de subsidiariedad.

Por último, debe subrayarse que el bien común también está conformado por una sociedad que fomente la virtud, la verdad, la responsabilidad, el compromiso y el sacrificio.

La ausencia del bien común genera pobreza material, pero también humana, pues tapona y obstaculiza el crecimiento y la fecundidad de la persona. Ésta no sólo tendrá dificultades para realizarse completamente, sino que no podrá comunicar sus talentos a los demás en el grado en que podría haberlo hecho de contar con un ambiente más propicio. El bien común, por tanto, es la tierra buena y la lluvia generosa que permiten que los individuos puedan florecer y dar el fruto que cada uno está llamado a dar, con sus diferentes características individuales, talentos y circunstancias.

Pobreza voluntaria e involuntaria

Si no se fomenta el bien común, se da una pobreza remediable y, por tanto, injusta. Pero existe también una pobreza irremediable que tiene que ver con la incertidumbre de la vida, con la falibilidad del ser humano y, sobre todo, con su naturaleza caída, pues la carencia de virtudes individuales convierte frecuentemente la pobreza en pobreza voluntaria.

«Manos perezosas generan pobreza; brazos diligentes, riqueza», escribió el sabio en el s. IV a. C[19]. Esta afirmación, hoy casi revolucionaria, habría sorprendido a pocos antes del advenimiento del igualitarismo en el s. XX. En efecto, la condición necesaria (pero no suficiente) de la prosperidad económica de los pueblos son las cualidades personales de sus miembros, esa constelación de virtudes al margen de las cuales «ningún sistema o estructura social puede resolver, como por arte de magia, el problema de la pobreza: laboriosidad, competencia, orden, honestidad, iniciativa, frugalidad, ahorro, espíritu de servicio; cumplimiento de la palabra empeñada, audacia; en suma, amor al trabajo bien hecho»[20]. Estas virtudes conforman la cultura de una sociedad y determinan en gran medida su nivel de progreso económico, que varía de región en región y de país en país, con resultados fácilmente constatables.

Por consiguiente, la pobreza relativa no puede ser calificada por regla general de injusta en una sociedad que respeta el bien común. Quizá por ello, el filósofo Julián Marías ―uno de los observadores más lúcidos de la realidad española del s. XX― disociaba pobreza de injusticia: «La pobreza puede coexistir con un estado satisfactorio de justicia, mientras que su eliminación puede dejar intactas muchas injusticias o incluso producirlas». Marías tildaba la justicia social de «falacia» y describía con humor una sociedad igualitarista como «una granja avícola bien administrada»[21].

¿Qué es injusticia social?

Dado que el difuso concepto de justicia social se identifica con demasiada frecuencia con el igualitarismo o la redistribución coercitiva de la riqueza por parte del Estado, contrarios ambos al bien común, podemos redefinir la injusticia social a la luz de éste.

Es injusticia social el ataque a la familia mediante el divorcio exprés o la perversa ideología de género, el aborto y la eutanasia.

Es injusticia social la persecución de la libertad de opinión, de expresión y religiosa, en particular, del cristianismo.

Es injusticia social poner trabas al libre mercado y al libre comercio.

Es injusticia social que se incentive vivir sin trabajar fomentando la holgazanería mediante paguitas y subsidios con cuantías parecidas a las de un salario.

Es injusticia social tener que pagar un nivel de impuestos abusivo que socava el derecho a la propiedad privada y sólo sirve para mantener un Estado elefantiásico que ocupa parcelas propias del individuo, de la familia y de la sociedad civil, apoyado en un «oneroso y opresivo sistema de control burocrático que esteriliza toda iniciativa y creatividad»[22].

Es injusticia social el grotesco número de regulaciones y normas liberticidas creadas por dicha burocracia, una verdadera dictadura legislativa que asfixia la actividad cotidiana de los ciudadanos y expone a éstos a todo tipo de sanciones injustas.

Es injusticia social que la tasa de desempleo medio en España desde 1978 hasta hoy haya sido del 17% (período que nuestra clase política denomina ridículamente el de mayor prosperidad de nuestra historia), y que hoy dos sueldos apenas puedan mantener una familia con dos hijos cuando una o dos generaciones atrás un sueldo bastaba para mantener una familia de cuatro hijos. La causa final está en el deterioro del bien común, el declive moral, el socialismo cultural y el Estado de Bienestar.

Es una injusticia social aberrante, en fin, que un gobierno se dedique constantemente a provocar la discordia y el enfrentamiento civil, a atizar el odio a quien piensa diferente y a dividir a la población para perpetuarse en el poder.

Podemos aspirar a una sociedad mejor.

[1] Catecismo de la Iglesia Católica n. 1937
[2] ¿Es la desigualdad económica injusta? (I) – Fernando del Pino Calvo-Sotelo (fpcs.es)
[3] Quadragesimo anno n. 137, Pio XI.
[4] Act. 20, 35
[5] El verdadero coste del Estado de Bienestar – Fernando del Pino Calvo-Sotelo (fpcs.es)
[6] Quadragesimo anno n. 79 (Pío XI) y Mater et Magistra n. 53 (Juan XXIII).
[7] Carta pastoral por la Cuaresma, 1976, Juan Pablo II.
[8] Propiedad y libertad, Richard Pipes, Turner 2002.
[9] Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia n. 351.
[10] Centesimus annus n. 48 Juan Pablo II.
[11] Solución Social, de Gustave Thibon, Aldaba, 1977
[12] Mater et Magistra n. 65; Catecismo de la Iglesia Católica n. 1906
[13] Centesimus Annus n. 39
[14] Vida y palabras de sabiduría de San Chárbel, de Hanna Skandar, Nueva Era, 2014.
[15] Centesimus Annus n. 34
[16] The Common Good of Constitutional Democracy, M. Rhonheimer 2013, p. 480.
[17] Mater et Magistra, n. 109, Juan XXIII
[18] Centesimus Annus n. 6
[19] Prov. 10,4
[20] Discurso con Ocasión del 350 Aniversario de la Publicación de Galileo, Juan Pablo II, 1983
[21] La justicia social y otras justicias, Julián Marías, Austral 1979.
[22] Centesimus annus n. 25

DESCARGA EL ARTÍCULO EN PDF

Un poder judicial intervenido

Por Fernando del Pino Calvo-Sotelo

La renovación del CGPJ, máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, ha devuelto a la actualidad la gran carencia del régimen del 78, esto es, la falta de separación de poderes. Que un órgano cuya función es «garantizar la independencia de los jueces» sea elegido por los mismos que más atentan contra su independencia no deja de resultar extraño, y confirma que España es un sistema político disfuncional donde el poder se concentra peligrosamente en el partido en el gobierno y, en particular, en una sola persona, el presidente del gobierno, que encabeza un ente ejecutivo-legislativo-judicial.

El pecado original, naturalmente, proviene de nuestra Constitución, «una improvisación permanente», como me confesó hace años uno de sus siete «padres», sorprendido por su súbito proceso de canonización. En efecto, ésta estableció que el CGPJ estuviera constituido por 20 miembros, de los que 12 debían ser jueces y magistrados y los 8 restantes abogados y juristas de reconocida competencia. El texto explicitó cómo debían ser elegidos estos 8 (a partes iguales por el Congreso y por el Senado con mayorías de tres quintos), pero no cómo elegir a los 12 primeros, limitándose a referirlo a una futura ley orgánica y dejando abierta así la caja de Pandora.

Lejos de encontrarnos ante un lapsus excepcional de sus redactores, es éste un ejemplo más del estilo con que sortearon aquellos escollos sobre las que existían discrepancias difícilmente reconciliables. Así, en el altar del dios consenso (una impostura más, como el paso del tiempo ha demostrado), se sacrificó la oportunidad histórica de crear una Constitución de primer nivel que afrontara los problemas en vez de posponerlos mediante la ambigüedad, la contradicción o la procrastinación que implica delegar la solución en una ignota ley orgánica posterior. Naturalmente, cada partido confiaba en que ello le permitiría aprobarla a su gusto mediante una simple mayoría absoluta, esto es, sin el engorro de una mayoría reforzada.

Un sistema de cuotas inconstitucional

Desde 1978 hasta 1985 se entendió que el espíritu de la Constitución y la salvaguarda de la independencia del poder judicial exigían que fueran los propios jueces los que eligieran a esos 12 miembros del CGPJ, y así se hizo hasta 1985, cuando el PSOE, que en aquel entonces gozaba de una mayoría aplastante ―nunca repetida― de 202 escaños en el Congreso, decidió aprobar una ley orgánica para que fueran elegidos del mismo modo que los 8 restantes, esto es, por el Congreso y Senado que ellos controlaban en aquel momento.

El preámbulo de la ley era muy elocuente, pues contraponía «el régimen liberal de separación de poderes» con el actual «Estado Social y Democrático de Derecho», que describía, con una palabrería vacía y meliflua, como un sistema filantrópico y angelical en el que la separación de poderes resultaba superflua[1].

La ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso admitiendo paradójicamente que «ofrecía poca duda» que la finalidad de la norma «se alcanzaba más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del CGPJ». Pero lo más interesante es que la propia sentencia advirtió contra la posibilidad de que se distribuyeran los puestos entre los distintos partidos en proporción a su fuerza parlamentaria, pues desvirtuaba la finalidad constitucional de incentivar la independencia de los miembros del CGPJ. De modo profético, la sentencia reconocía que «la lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género», por lo que cabe preguntarse por qué el Constitucional permitió una práctica que sabía conduciría al abuso.

En efecto, el veto mutuo implícito en la mayoría de tres quintos perseguía que ninguno de los miembros del Consejo tuviera un perfil excesivamente partidista. El sistema de cuotas, por el contrario, lograba lo opuesto: cada partido elegía a sus propios candidatos, prácticamente garantizando que todos los miembros del CGPJ tuvieran una afinidad política aparente o real, lo que ética y estéticamente planteaba serias dudas sobre su imparcialidad. Aunque un sistema de incentivos perverso no determine necesariamente el comportamiento del individuo, suele hacerlo en ausencia de un grado de virtud que es estadísticamente poco común, y los partidos se han encargado de hacerlo aún más improbable nombrando perfiles de menor excelencia o mayor sectarismo. Así, el jurista de reconocido prestigio ha sido sustituido por el mandatario de reconocida obediencia.

En definitiva, el reparto de cuotas del CGPJ es doblemente inconstitucional, pues no sólo incentiva la dependencia política de sus miembros, sino que se decide en reuniones secretas entre partidos y no en el seno del Parlamento. Esta vulneración de la Constitución no es algo que preocupe en absoluto a los dos partidos mayoritarios, expertos en incumplirla con total impunidad.

Ni el PP ni el PSOE quieren un poder judicial independiente

El cercenamiento de la independencia del poder judicial no ha sido responsabilidad exclusiva del PSOE, sino también del PP. Conviene recordar que ni con la mayoría absoluta de Aznar (2000-2004) ni con la de Rajoy (2012-2016) el PP devolvió a los jueces la potestad de elegir a los miembros de su máximo órgano de gobierno. El caso de Rajoy es doblemente vergonzoso, pues, habiéndolo prometido en su programa electoral del 2011 («promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías»[2]) lo incumplió con la misma indolencia patológica con la que incumpliría tantas promesas hechas a sus engañados electores, desde los impuestos a la ley del aborto.

¿Cuáles son los motivos por los que ni el PP ni el PSOE quieren un CGPJ elegido por los propios jueces? El primero tiene que ver con la voluntad de poder de ambos partidos, que comparten idéntica ambición de control de las instituciones e idéntico pavor a que los jueces del Tribunal Supremo (nombrados por el CGPJ), legitimados para juzgarles, en su caso, por su pertinaz corrupción, no sean «amigos».

El segundo motivo es ideológico y afecta sólo al PSOE, que siempre ha recelado de un gremio que tiende a ser conservador, no en balde la asociación «progresista» de jueces sólo representa al 8% de los mismos.

Las asociaciones de jueces tampoco son inocentes

En efecto, según los últimos datos oficiales, el 42% de los jueces no está asociado, el 26% está afiliado a la Asociación Profesional de la Magistratura, el 18% a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el 8% a Jueces por la Democracia y el 6% al Foro Judicial Independiente[3]. Sin embargo, el CGPJ acordado por PP y PSOE no refleja esta realidad: el 42% (y no el 26% que debería corresponderle) pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura y el 25% (y no el 8% que le correspondería) está afiliado a Jueces por la Democracia. Por lo tanto, dos asociaciones están claramente sobrerrepresentadas mientras que las otras dos no están presentes en absoluto a pesar de representar un 24% de la judicatura.

Estos datos indician que existe una relación excesivamente íntima entre el PP y la Asociación Profesional de la Magistratura y entre el PSOE y Jueces por la Democracia, mientras que las otras dos asociaciones aparentan ser políticamente más independientes y son castigadas por ello.

Como expresa una de ellas, existe un «perfil claramente politizado de las asociaciones, preocupadas en exclusiva por controlar el CGPJ y los nombramientos discrecionales competencia de éste, asumiendo en muchas ocasiones de forma más o menos directa el papel de correa de transmisión de los intereses de los partidos políticos que consideran afines[4]».

De todo ello se colige que no son sólo los partidos políticos los responsables de la falta de independencia de la justicia, sino también un porcentaje minoritario pero significativo de jueces que pueden utilizar las asociaciones más politizadas como medio de promoción profesional y personal. La independencia del poder judicial es cosa de dos.

El bloqueo y su desenlace

En 2018, PP y PSOE alcanzaron un acuerdo para renovar el CGPJ con 11 miembros designados por el PSOE y 9 por el PP, pero el acuerdo fue suspendido sine die al filtrarse un mensaje del portavoz popular en el que se jactaba que iban a controlar la Sala Segunda del Supremo «desde detrás». No olviden que la potestad más relevante del CGPJ es el nombramiento de jueces del Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia constitucional.

En años sucesivos, el bloqueo continuó justificado por el riesgo de involución autocrática, pues, a pesar del paulatino debilitamiento de la subversiva ultraizquierda leninista de Podemos, Sánchez fue mostrando un carácter igualmente subversivo, con su radicalismo ideológico, sus rasgos psicopáticos y su claro deseo de que la suprema ley fuera la voluntad de una sola persona, él mismo, sin límite legal, moral o político alguno.

La experiencia de un Tribunal Constitucional impudorosamente politizado y desacreditado, en el que una mayoría de izquierdas dirigida por quien actúa como un comisario político de facto aplica el rodillo y bordea constantemente la prevaricación, hacía presagiar lo peor en caso de que el aprendiz de dictador Sánchez controlara también el Tribunal Supremo. El Constitucional es hoy una organización redundante dado que tenemos el Congreso, lo que confirma que la Constitución bien podía haber prescindido de su figura. De hecho, cuesta encontrar ejemplos de independencia política en sus 46 años de baldía vida.

Dicho todo esto, la paralización del nombramiento de jueces, la insostenible anomalía que suponía la falta de renovación del CGPJ y la presión de la UE fueron puntos de presión que hicieron mella en la no-oposición y, en menor medida, en las pretensiones maximalistas de Sánchez, lo que terminó propiciando el acuerdo.

¿Cómo juzgar dicho acuerdo? Por un lado, la composición paritaria y la exigencia de mayorías cualificadas dificultará que Sánchez controle el Tribunal Supremo con la misma facilidad con que ha controlado el Constitucional. Queda por ver quién será su presidente, que posee voto de calidad. Por otro lado, a la no-oposición le será mucho más difícil criticar la deriva autocrática de Sánchez y el desmantelamiento del Estado de Derecho y la sistemática destrucción institucional que está llevando a cabo el PSOE. Asimismo, ha mostrado una vez más su apocamiento al dar la sensación de ceder al chulesco chantaje de Sánchez, que les amenazó con dar un golpe en caso de no alcanzar un acuerdo antes del 30 de junio. No cabe duda de que el presidente del gobierno tiene perfectamente cogida la medida al no-líder de la no-oposición, al que desprecia tanto que ni siquiera se dignó contestarle en su intento de investidura, algo inaudito en una democracia occidental.

Finalmente, la imagen de la comisaria de la UE amadrinando la firma del acuerdo ha supuesto un nuevo varapalo al prestigio de España, que aparece como una república bananera que necesita de mediadores extranjeros para resolver cuestiones domésticas.

No habrá poder judicial independiente

Y de la independencia del poder judicial, ¿qué? Querido lector: creo sinceramente que todo lo acordado en este sentido es una pantomima, como sabían ambas partes al firmarlo. Dentro del plazo de seis meses, cuando nadie recuerde lo ocurrido, cabe esperar que el CGPJ comunicará que no ha alcanzado la mayoría requerida para proponer ningún cambio, porque ni los dos grandes partidos quieren dejar de nombrar jueces ni las dos asociaciones más cercanas al poder político quieren que dejen de nombrarlos, pues verían disminuido su poder. Ni unos ni otros parecen dispuestos a cambiar el statu quo.

Vencido el plazo, la no-oposición podría perfectamente proponer una ley en el Congreso que devolviera a los jueces la potestad de nombrar a los miembros de su máximo órgano de gobierno. No creo que lo haga, como tampoco lo hará cuando vuelva al poder (si tal día llega).

La indecorosa politización del poder judicial es un síntoma más de una enfermedad sistémica más profunda. El régimen constitucional del 78, abusado y parasitado por los partidos políticos hasta extremos inconcebibles, ha cruzado la línea de no retorno. Está muerto, pero seguimos pretendiendo que no es así.

[1] BOE-A-1985-12666 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
[2] 5751-20111101123811.pdf (pp.es)
[3] Asociaciones Profesionales Judiciales | CGPJ | Temas | Estadística Judicial | Estadística por temas | Estructura judicial y recursos humanos en la administración de justicia (poderjudicial.es)

[4] Presentación – Foro Judicial Independiente

DESCARGA EL ARTÍCULO EN PDF

THE JUDICIARY’S STICKER ALBUM

I have …
I have him …
I don’t have him …

I’ll trade you!

Resistiendo la nueva cultura desafiante


Mises WireWanjiru Njoya

La prensa suele describir las guerras culturales como ataques lanzados por conservadores que se resisten al cambio cultural. The Guardian, por ejemplo, describe las guerras culturales como «temas de cuña» que son «conjurados» por los conservadores en un vano intento de dictar opiniones a los votantes, pero que sólo acaban «volviendo a los votantes jóvenes hacia la izquierda en los países occidentales». En 2004, una conferencia interdisciplinar celebrada en Virginia se reunió para debatir el tema «Contrarrestar la política del Kulturkampf mediante la crítica y la pedagogía de la justicia», un tema que refleja la idea de que las personas que se oponen a la política progresista simplemente intentan convertirlo todo en una guerra cultural por alguna razón inexplicable.

Los liberales suelen decir que no tienen ni idea de por qué los conservadores quieren librar guerras culturales. Dicen estar desconcertados. A 2021 informe sobre las guerras culturales en el Reino Unido afirmaba que muy poca gente está interesada en «la supuesta guerra cultural del Reino Unido» y que es una guerra que sólo se libra «en los medios de comunicación y en las redes sociales, no en la vida real».

En «Kulturkampf!», Murray Rothbard, escribiendo en 1992, no se deja intimidar por tales afirmaciones de que la guerra cultural es mucho ruido y pocas nueces. Rothbard sostiene que «la guerra cultural tiene que librarse con uñas y dientes, centímetro a centímetro, metro a metro. Tenemos que recuperar la cultura, y de eso trata la nueva kulturkampf».

Rothbard subraya un punto importante: que la guerra cultural no es un intento de los conservadores de defender la vieja cultura, cuya derrota se observa ceremonialmente con medidas como la retirada de estatuas, el cambio de nombre de edificios y calles, e incluso el cambio de nombre de las ciudades. En Canadá se buscan nuevos nombres para provincias enteras con el fin de despojar al país de su herencia colonial.

Las guerras culturales de las que ahora se quejan los liberales no son guerras para resistir la marcha del tiempo, ni siquiera son guerras defensivas para evitar que se destruya la cultura occidental; son un intento de los conservadores de contraatacar a la nueva cultura. La referencia de Rothbard a recuperar la cultura significa una rebelión contra aquellos que ya han logrado destruir la vieja cultura y que ahora esperan que todos se sumen a la nueva cultura que ellos han introducido. Rothbard explica:

Después de haber cabalgado y capturado nuestra cultura, después de veintitantos años (¡por lo menos!) de su conquista cultural de América procediendo casi sin oposición, después de completar su exitosa «larga marcha a través de nuestras instituciones» gramsciana (nota: muy venerado estalinista italiano de los 1920), los liberales estaban casi listos para sentarse y tratarnos como su provincia conquistada. Cuando, de repente, algunos de nosotros, provincianos asediados, empezamos a contraatacar.

Los que sostienen que «ambos bandos» deberían buscar formas de poner fin a las guerras culturales y encontrar un objetivo común no se han dado cuenta de que la revolución ha terminado. Ya estaba prácticamente acabada cuando Rothbard escribió sobre la lucha en 1992. Si bien es cierto en un sentido abstracto que «el catalizador de una guerra cultural es la presión ejercida por un grupo sobre otro para que adopte su forma de pensar y actuar» —o, como el New York Times describe es importante señalar que no se trata de una guerra entre dos bandos que intentan dominar culturalmente sus valores. Se trata más bien de una rebelión de personas cuya cultura ha sido borrada y que pretenden reafirmar su derecho a vivir de acuerdo con sus propios valores.

Las guerras culturales están por todas partes en Occidente y se extienden a cualquier lugar donde se encuentre la cultura occidental, incluida Sudáfrica. En 2020, cuando los canadienses cancelaron a uno de sus propios padres fundadores, Sir John A. Macdonald, Bruce Pardy observó que «la revolución ya se ha completado» y que quienes se oponen a la revolución cultural en realidad están atacando la nueva cultura, no defendiendo la antigua:

Quienes desean preservar el nombre y el legado de Macdonald pueden creer que pueden defender la tradición y los valores canadienses, pero puede que lleguen demasiado tarde. Roma no puede protegerse de los visigodos una vez que los visigodos gobiernan el lugar. Los no woke ya no protegen la vieja cultura, sino que atacan la nueva. En la escuela de leyes, yo soy el bárbaro, no al revés. Después de todo, fui una de las tres únicas personas que votaron en contra de la moción de Macdonald.

Poner fin a la guerra cultural no significaría volver a un terreno común basado en valores constitucionales, como suponen muchos que apoyan a «ambos bandos». Significaría aceptar el actual statu quo impuesto por quienes odian todo lo relacionado con la cultura occidental. Cuando los liberales se refieren ahora a «nuestros valores compartidos», no piensan en la Constitución ni en las libertades civiles. Nuestros supuestos valores compartidos son ahora los valores de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Aquellos que no cumplen con esta nueva y valiente cultura DEI son considerados, como escribe Pardy, los bárbaros.

Rothbard también destaca el papel que ha desempeñado el Estado en la derrota de la vieja cultura y en la imposición de esta valiente nueva cultura. Las guerras culturales nunca han sido simplemente una contienda entre la vieja y la nueva cultura, sino más bien la destrucción por los estatistas de la vieja cultura. Los estatistas que creen tener una cultura mejor, una cultura ideal, han tratado de imponer su visión a todos los demás. Como dice Rothbard: «Los liberales han utilizado masivamente el gobierno para apoderarse de nuestra cultura». Esta toma de control no consistió en una evolución y un cambio cultural orgánicos, como intentan persuadirnos los «descolonizadores», ni en «incluir» a los marginados, como insisten los comisarios de la DEI, sino que consistió en ejercer el poder estatal para capturar y destruir la cultura occidental.

Rothbard da varios ejemplos para fundamentar su argumento, de los que merece la pena destacar sus comentarios sobre la victimología: «El gobierno ha sido utilizado para crear un conjunto falso de ‘derechos’ para cada grupo víctima designado bajo el sol, para ser utilizado para dominar y explotar al resto de nosotros para el beneficio especial de estos grupos mimados.» La victimología está alimentada por el aparato de derechos civiles. En los últimos meses, el marco de los derechos civiles se ha utilizado para conferir derechos a nuevos grupos de víctimas, incluido el derecho de los atletas transgénero a competir en deportes femeninos y el derecho de los judíos a estar protegidos por la Ley de Vigilancia del Antisemitismo. No existe un límite lógico al creciente alcance de la victimología.

Así que Rothbard tiene razón al instarnos a no conformarnos con este nuevo statu quo, sino a rebelarnos contra la valiente nueva cultura: «¡Sí, sí, podridos liberales hipócritas, es una guerra cultural! Y ya era hora».

SOS: detengamos la tiránica toma de poder de la Organización Mundial de la Salud

por Robert Williams
Traducción del texto original: 
SOS: Stop the World Health Organization’s Tyrannical May 27 Power Grab

Caption: La Organización Mundial de la Salud (OMS) no es electa, no tiene legitimidad democrática, no rinde cuentas a nadie y carece de mecanismos de control para restringir su alcance. Tras los espantosos fracasos de la OMS durante la epidemia de covid 19, la respuesta no es dar más poder a la organización, sino desentenderse de ella por completo. En la foto: El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (izquierda), comparte un momento con el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, en Pekín el 28 de enero de 2020. (Fotografía de Naohiko Hatta, Pool/Getty Images).

La mayoría de los países no han iniciado ningún debate público crítico sobre cómo se abordó el covid-19. Los gobiernos responsables de una respuesta escandalosamente chapucera al virus no han rendido cuentas. La China comunista, a pesar de haber desencadenado el virus en el mundo mintiendo deliberadamente sobre su transmisibilidad entre humanos, no ha sufrido ni una sola consecuencia negativa. Tampoco se ha hecho nada con respecto al doble papel desempeñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que repitió la propaganda del Partido Comunista Chino sobre el virus, incluso después de haber sido informada por escrito desde el principio por Taiwán de que el virus era altamente transmisible.

La OMS, todavía dirigida por el supuestamente corrupto (aquí y aquí) Tedros Adhanom Ghebreyesus, encubrió a China, y repetidamente elogió a China por, en efecto, haber asesinado a más de siete millones de personas en todo el mundo, incluyendo más de un millón sólo en los EEUU.

Nadie ha pedido cuentas ni por la forma en que China gestionó el virus, retirando equipos de protección para tener suficientes para sí misma; ganó miles de millones exportando equipos de protección defectuosos «inútiles» (aquí y aquí), por enviar a sus ciudadanos al extranjero para infectar al mundo mientras cerraba sus propias fronteras e intentaba aislar Wuhan, donde, en un laboratorio, parece que comenzó el virus. China impuso cierres, literalmente: prohibió físicamente a 25 millones de sus propios ciudadanos salir de sus apartamentos. Algunos de los que fueron encerrados desde el exterior murieron quemados en un incendio; otros, incluidos los científicos que intentaron advertir sobre la letalidad del virus, o mencionaron el papel de China en la propagación del virus, o expresaron cualquier escepticismo sobre las curas, fueron detenidossilenciados o «desaparecieron«.

Los mismos gobiernos y organizaciones que mintieron y encubrieron cómo se gestionó mal el covid-19 están ahora ultimando las negociaciones sobre las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la OMS y el nuevo Tratado sobre Pandemias que, en conjunto, otorgarán al director general de la OMS un poder sin precedentes sobre la salud pública mundial.

En la actualidad -al menos hasta que la Asamblea Mundial de la Salud, la organización matriz de la OMS, se reúna en Ginebra del 27 de mayo al 1 de junio-, la OMS puede declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero ahora las recomendaciones de la organización no son vinculantes. Hasta aquí, todo bien.

Las enmiendas propuestas al RSI, sin embargo, otorgan al director general de la OMS la autoridad para declarar no sólo una emergencia de salud pública internacional real, sino potencial, y establecer recomendaciones vinculantes sobre cómo abordarla, tanto si los Estados individuales están de acuerdo con él como si no.

Esto significa que la OMS podrá declarar lo que considere, una emergencia sanitaria real o potencial y ordenar encierros, reconocimientos médicos, exigir la vacunación u otras medidas profilácticas, poner a las personas bajo observación de salud pública, aplicar cuarentenas u otras medidas sanitarias.

Además, el RSI adoptará el uso mundial de pasaportes digitales de vacunación. Ya en junio de 2023, la Unión Europea y la OMS anunciaron «una asociación digital a largo plazo para ofrecer una mejor salud para todos».

Esta asociación trabajará para desarrollar técnicamente el sistema de la OMS con un enfoque por etapas para cubrir casos de uso adicionales, que pueden incluir, por ejemplo, la digitalización del Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis. La ampliación de estas soluciones digitales será esencial para mejorar la salud de los ciudadanos de todo el mundo.

La enmienda propuesta al RSI garantizará un «intercambio digital mundial de información sanitaria» en el marco de la OMS.

Peor aún, en el RSI enmendado no se permitirá ninguna crítica al nuevo régimen de la OMS y a sus decisiones de declarar pandemias potenciales o reales, bloqueos y tratamientos, incluidas las vacunas:

La OMS colaborará con los Estados Partes y les prestará asistencia inmediata, en particular a los países en desarrollo que lo soliciten, para contrarrestar la difusión de información falsa y poco fiable sobre eventos de salud pública, medidas y actividades preventivas y antiepidémicas, en los medios de comunicación, las redes sociales y otras formas de difusión de esa información.

En otras palabras, las mentiras, ofuscaciones y encubrimientos gubernamentales que tanto dominaron la última pandemia se normalizarán, y toda crítica quedará proscrita.

El mes pasado, Alemania se despertó con la revelación de que las autoridades sanitarias del país habían mentido sobre el covid. Documentos recién publicados, obtenidos por periodistas de investigación tras una batalla judicial de dos años, mostraban que la autoridad de salud pública alemana, también conocida como Instituto Robert Koch (RKI), aconsejó al gobierno alemán que la gripe suponía un riesgo mayor que el covid, que las mascarillas serían inútiles y que los encierros eran más peligrosos que el virus y podían provocar un aumento de la mortalidad infantil. Ninguna de estas preocupaciones se abordó en la práctica. En su lugar, el gobierno alemán -como la mayoría de los demás gobiernos- optó por medidas draconianas y totalitarias inspiradas en China.

Además, las preocupaciones del RKI nunca se comunicaron a la opinión pública alemana.

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (que no es médico) ya ha fustigado a los detractores de las enmiendas previstas y del nuevo Tratado Pandémico calificándolos de teóricos de la conspiración que difunden «noticias falsas, mentiras y teorías conspirativas».

La toma de poder no sólo otorgará a la corrupta OMS poderes sin precedentes, sino que también beneficiará a los intereses especiales que controlan de hecho la OMS, principalmente la China comunista.

Gebreyesus es un viejo amigo de China, que se aseguró el puesto de director general después de que Pekín respaldara su candidatura, por encima de las rotundas objeciones de Ghana y Etiopía.

Gebreyesus, exministro de Asuntos Exteriores y de Sanidad de Etiopía, acusado en 2017 de ser «totalmente cómplice del terrible sufrimiento» causado por tres epidemias de cólera en Sudán y Etiopía, utilizó su papel en la OMS para ayudar a la campaña mundial de China por el dominio económico. Incluso nombró al aliado de Pekín, el dictador zimbabuense Robert Mugabe, «embajador de buena voluntad» de la OMS. Gebreyesus pagó aún más su deuda con Pekín cuando comenzó la pandemia del covid-19. No cuestionó la desinformación china sobre el brote, retrasó la declaración de emergencia internacional y protegió la economía china disuadiendo a los gobiernos de introducir controles de viaje. «Esto», escribió el Sunday Times, «permitió que el virus se extendiera por todo el mundo en las cruciales primeras semanas».

La OMS no es elegida, no tiene legitimidad democrática, no rinde cuentas a nadie y no dispone de mecanismos de control para restringir su alcance. Tras los horribles fracasos de la OMS durante el covid-19, la respuesta no es dar más poder a la organización, sino desentenderse de ella por completo.

Los propósitos antiliberales de la OMS de silenciar toda disidencia y definirla como «desinformación» representan una corrupción tanto de la ciencia como de la libertad de expresión, un resultado que no es de extrañar dada la enorme influencia que China ejerce evidentemente sobre el organismo y los Estados miembros de la ONU. No hay más que ver la buena disposición con la que gobiernos occidentales ostensiblemente liberales aplicaron medidas autoritarias del Partido Comunista Chino.

Una vez aprobados los nuevos instrumentos jurídicos, no habrá nada que impida a la OMS tomar decisiones descabelladas basadas en su corrupta visión de la ciencia. Una de esas visiones, totalitaria en su mentalidad, es que hay una única ciencia verdadera, aparentemente la de la OMS, y no puede haber discusión sobre ella. «Somos los dueños de la ciencia y creemos que el mundo debe conocerla», declaró Melissa Fleming, secretaria general adjunta de Comunicaciones Globales de la ONU, en la reunión del Foro Económico Mundial de Davos de 2022. También reveló que las plataformas de medios sociales ya «saben» que la ONU «es dueña» de la ciencia:

Por ejemplo, si buscas cambio climático en Google, en la parte superior de la búsqueda encontrarás todo tipo de recursos de la ONU. Iniciamos esta asociación cuando nos sorprendió ver que, al buscar cambio climático en Google, obteníamos información increíblemente distorsionada en la parte superior. Así que nos estamos volviendo mucho más proactivos.

Dado que la ONU afirma que «posee la ciencia», ahora está lavando el cerebro al público para que crea que el «cambio climático» amenaza la salud mundial. Este punto de vista hace que sea probable que un día te encuentres en un encierro ordenado por la OMS para mitigar los efectos de la «crisis climática», junto con límites sobre a dónde vas, cómo puedes llegar allí, lo que haces y lo que puedes poseer.

Los Estados Unidos ya están viendo precursores de esto en las órdenes ejecutivas inconstitucionales de la Administración Biden, posiblemente incluyendo sus intentos de prohibir los vehículos con motor de combustión interna y las estufas de gas; ordenando lavavajillas que pueden necesitar ciclos repetidos para limpiar los platos, y nuevas regulaciones más estrictas sobre los acondicionadores de airelavadorasfrigoríficos, e incluso sopladores de hojas – y esto es sólo el principio.

La OMS informó en un comunicado de prensa el 22 de marzo sobre su nuevo «conjunto de herramientas que capacitan a los profesionales de la salud para hacer frente al cambio climático»:

El cambio climático representa uno de los retos sanitarios mundiales más importantes y ya está afectando negativamente a comunidades de todo el mundo. Comunicar los riesgos sanitarios del cambio climático y los beneficios para la salud de las soluciones climáticas es necesario y útil…

El cambio climático afecta a la salud a través de diversas vías, como los fenómenos meteorológicos extremos, la contaminación atmosférica, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua y la propagación de enfermedades infecciosas. Las olas de calor, los cambios en los patrones climáticos y la contaminación atmosférica contribuyen a una serie de efectos adversos para la salud, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, problemas de salud mental y desnutrición. Además, los sistemas sanitarios se enfrentan a una presión cada vez mayor por los problemas relacionados con el clima, lo que aumenta la urgencia de actuar…

Al capacitar al personal sanitario y asistencial para comunicar sobre el cambio climático y la salud, se pretende impulsar la acción colectiva para mitigar el cambio climático, aumentar la resiliencia y salvaguardar la salud pública.

Evidentemente, la ONU y la OMS quieren un control ilimitado. Si los gobiernos nacionales no les ponen freno ahora mismo negándose a aprobar el nuevo Tratado sobre Pandemias y las enmiendas propuestas al Reglamento Sanitario Internacional, tendrán un control ilimitado, y seremos nosotros quienes se lo habremos dado.