En noviembre de 2019 España se desayunó con la noticia de que Irene Montero había publicado en las redes sociales el nombre y apellidos de la propietaria de una vivienda alquilada, denunciando que estaba subiendo el alquiler a sus inquilinos.

Sin encomendarse ni a Dios ni al Diablo, Montero cometió una manifiesta ilegalidad dado que el contrato de alquiler ya había cumplido los 5 años de prórroga forzosa -habían pasado 12- y, por tanto, la propietaria sí podía plantear a sus inquilinos unas nuevas condiciones, entre las que se incluía una nueva renta superior a la anterior.

Pero a la mindundi de la hoy ministra se le ocurrió que mandar al escarnio publicó el honor de la propietaria le daría titulares y fama de castigadora y que al final nada la pasaría, y así fue.

Esta anécdota la traigo a colación para poner en evidencia la facilidad de gatillo que…