El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado por primera vez en España al propietario de un piso y a la inmobiliaria que lo comercializa por negarse a alquilárselo a una persona de origen marroquí. El Consistorio considera que se trata de un caso de discriminación por racismo, una infracción prevista en la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda, y ha expedientado al propietario y a la empresa con una sanción de 45.000 euros.

Los hechos ocurrieron el año pasado, cuando el señor de nacionalidad innombrable encontró un domicilio situado en la Barceloneta que cumplía con sus requisitos y presentó toda la documentación pertinente para poder alquilarlo, demostrando su nivel de solvencia.

La inmobiliaria, sin embargo, no respondió su petición ni las diversas llamadas que les hizo, y después de que la víctima enviara un correo preguntando «si no querían alquilarme el piso por una cuestión de racismo»…