La Plataforma per la Llengua -la entidad que «observó de incógnito» a niños y profesores en 50 escuelas catalanas para comprobar si hablaban en catalán- gasta medio millón de euros anuales en pagar las nóminas de sus 19 trabajadores. Así consta en una auditoría encargada por la propia entidad para dar cuenta del uso de las muchas subvenciones que recibe de administraciones públicas.

La Plataforma per la Llengua empleó más de un tercio de los fondos ingresados durante ese ejercicio a pagar los sueldos de su plantilla, puesto que, según la auditoría, recibió 1,4 millones de euros. La principal inyección llegó desde la Generalitat de Cataluña, que aportó 650.000 euros.

Además de espiar niños, la «ONG» realiza campañas de delación de comerciantes que no rotulan sus negocios o productos en catalán para que sean sancionados económicamente en aplicación del Código de Consumo y la ley de normalización lingüística catalana.

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