Planteamiento del tema: la legitimidad del control de constitucionalidad y el debate político

Durante los últimos años se ha producido un enconado debate acerca de la legitimidad del control de constitucionalidad, sobre todo tras la adopción del Estatuto de Autonomía para Cataluña, aprobado en el Parlamento de esta Comunidad Autónoma el 30 de septiembre de 2005 y, como Ley orgánica, por las Cortes Generales el 19 de julio de 2010, norma que ha sido, además, objeto de varias sentencias del Tribunal Constitucional, singularmente la STC 31/2010, de 28 de junio. Pero el debate, aunque acrecentado actualmente, venía de más atrás.

Rechazada directamente la propuesta proveniente del País Vasco, denominada “Plan Ibarretxe” por el Congreso de los Diputados[1], la atención se centró en Cataluña, puesto que la reforma de otros Estatutos de Autonomía, como por ejemplo el de Andalucía o Valencia, no presentó un debate de alcance similar[2]