«Todo aquel que critica el sistema para mejorarlo desde una posición moderada y reformista, es inmediatamente arrojado extramuros y etiquetado como antisistema»

Por Benegas y Blanco en Disidentia

El teléfono sonó dos veces. Tan pronto el alto ejecutivo descolgó, la voz al otro lado del hilo comenzó a hablar de manera atropellada, en un tono tan alto que sus palabras resonaron por todo el despacho. El directivo frunció el ceño. Impaciente, golpeó rítmicamente la superficie de la mesa con las yemas de los dedos mientras las palabras brotaban incesantes del auricular.

De pronto, interrumpió a su interlocutor y le espetó: “Escucha, Fulano, sabemos que no es culpa tuya pero no es lo que hablamos, no es lo acordado… y habrá que poner remedio”. Sin dejar margen a la réplica, continuó: “tú lo que vas a hacer es lo siguiente…” y, en un tono complaciente y a la vez amenazante, le dio una serie de instrucciones claras y concisas.

La voz al otro lado de la línea enmudeció unos instantes. Cuando volvió a hablar, era casi ininteligible, un dulce susurro. El ejecutivo escuchó satisfecho, asintió con la cabeza, se despidió de su interlocutor cariñosamente y colgó. Luego, volviéndose hacia quien había sido testigo de la conversación, se encogió de hombros y dijo: “Estos estúpidos políticos se ahogan en un vaso de agua”.

Un secreto a voces

Infinidad de rumores apuntan hacia situaciones similares, sean conversaciones telefónicas, reuniones informales o charlas cara a cara entre un político y un gran empresario durante algún evento con acceso restringido. En ocasiones, se trataría de amañar adjudicaciones públicas a cambio de un pago diferido en el tiempo; en otras de promulgar determinadas leyes, normas y regulaciones que afectarían a los sectores llamados “estratégicos”, donde el Boletín Oficial del Estado, con su letra pequeña, es la llave que abre y cierra mercados, la cal que ensancha o estrecha el terreno de juego.

La consecuencia es que, finalmente, en la estructura productiva española existe una desproporción enorme entre grandes empresas, por un lado y pequeñas y medianas empresas (pymes), por otro. Esta anomalía se debe a motivos legales y regulatorios. Las pequeñas empresas no crecen porque si aumentan de tamaño deben comenzar a cumplir infinidad de nuevas normas y requisitos extraordinariamente costosos, muchas veces inalcanzables. Lógicamente, al no crecer no pueden competir con las grandes compañías, que sí tienen suficiente músculo, y también relaciones, para asumir las cargas del marco regulatorio.

Así, en España, las pymes suponen el 99,9% de las compañías: son 3.110.522. Y lo que es peor, más de la mitad de ellas, 1.670.329 (el 53%), son microempresas sin empleados, y de ellas 1.050.714 son meras personas físicas. Pero hay una gran escasez de medianas empresas. ¿Cómo generar “salarios dignos” con una estructura productiva tan precaria?

La trampa regulatoria: un arma contra la competencia

Muchas regulaciones no son neutrales ni inocentes: surgen precisamente de esas llamadas telefónicas, encuentros y conversaciones entre políticos y empresarios; es decir, de la connivencia del poder político y económico. Por ello, el Régimen español se asemeja más a un sistema de acceso restringido que a un sistema de libre acceso. En Violence and Social Orders (2009), Douglass North, John Wallis y Barry Weingast explicaron la diferencia entre ambos.

El Sistema de Acceso Restringido es cerrado porque imperan los privilegios, las relaciones de tipo personal y las barreras a la participación en la política y en la economía. Por el contrario, en el Sistema de Libre Acceso predominan las relaciones impersonales, institucionalizadas, la ausencia de barreras, la libre competencia en la política y la economía, y la igualdad de oportunidades.

Cuando el sistema es cerrado, los políticos generan una legislación, unas normas y regulaciones que no son neutrales sino simples estratagemas para impedir la competencia y favorecer a las grandes empresas amigas que, a cambio, corresponden con financiación al partido, pagos opacos a sus dirigentes o lo que se han venido a llamar “puertas giratorias“.

¿Por qué son tan pocos los que lo denuncian?

En un sistema de acceso restringido, pocas cosas suceden de manera espontánea; los primeros comprometidos son los medios de comunicación, que viven de la publicidad de las grandes empresas. Un publicidad que, aunque lo parezca, en realidad no es comercial. Su precio está extraordinariamente inflado, porque su verdadero objetivo es comprar la voluntad de unos medios incapaces de vivir de sus lectores, del mercado.

Las alocuciones de gobernantes o políticos en activo, poco o nada dicen al respecto: tienen mucho que perder. Algo más de sustancia contienen las declaraciones de ex políticos que ya no participan de la vida partidista ni aspiran a cargo o prebenda alguna. Por ejemplo, José Bono, ex ministro de Defensa, denunció que, en España, las listas electorales sólo incluyen a los amigos del jefe del partido. O Francisco Granados reveló, justo al abandonar su escaño, que las tareas de los senadores se limitaban a pulsar un botón. Los hechos eran de sobra conocidos pero… ninguno de los dos había pregonado estas “verdades del barquero” cuando se encontraban en activo.

La sinceridad sobrevenida

Al contar su historia, el ex político suele ofrecer una versión exculpatoria, demasiado idealizada de su trayectoria, pero también se siente mucho más libre para señalar esos fallos del sistema sobre los que antes guardó silencio. La entrevista que Rosa Díezconcedió a Disidentia contiene todos estos elementos pero, sobre todo, denuncias de hechos demasiado graves como para ser pasados por alto.

De sus declaraciones puede deducirse que España está dominada por un puñado de grandes empresas, que poseen o controlan los medios de comunicación y que utilizan este poder, no directamente para influir en el día a día de las decisiones gubernamentales, pero sí para encauzar los cambios, alzando a los partidos que mejor sirven a sus intereses y saboteando a los que no les sirven. Así explicaba por qué su partido, UPyD, desapareció súbitamente no solo de los medios de comunicación; también de unas encuestas que no pretenden tanto medir la opinión pública como manipularla.

Lo que la veterana ex política define con sus palabras es lo que se conoce popularmente como “capitalismo de amigotes”, un sistema en el que existe una coalición gobernante, compuesta por un puñado de grandes empresas, estructuras de partidos, grupos de interés y burócratas que, mediante acuerdos tácitos o explícitos, utilizan de forma interesada el poder imponiendo barreras tanto en la política como en la economía.

De esta forma, el imperio de la ley es desplazado por un esquema de pura arbitrariedad, de intercambio de favores. Y los personajes pudientes obtienen un trato de favor, no sólo del ejecutivo o del legislativo; a veces también del judicial.

Así, Emilio Botín no sólo pasará a la historia por haber presidido el Banco Santander, también a los anales de la jurisprudencia por la doctrina jurídica que lleva su apellido, un invento de última hora del Tribunal Supremo para retorcer la ley, evitando una condena a tan ilustre banquero. Un favor similar fue concedido a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los famosos “Albertos”, cuando el Tribunal Constitucional decidió cambiar toda la doctrina sobre prescripción de delitos para librarlos de la cárcel. Con suficiente influencia y dinero… casi todo es posible en España.

Los antisistema, tontos útiles… del sistema

Rosa Díez insinúa que al Establishment le convienen los partidos antisistema. Y tiene razón, pero por un motivo que no señala: sirven para desactivar la crítica que se lleva a cabo desde posiciones reformistas sensatas… pero peligrosas para determinados intereses. Las críticas al modelo de acceso restringido para proponer la eliminación de las barreras, la evolución hacia un régimen abierto a la política y la economía se manipula en los medios para identificarla con la que realizan los antisistema, cuya beligerancia no es demasiado sincera; más bien una forma de ganar votos e introducirse dentro del esquema de poder.

Así, todo aquel que critica el sistema para mejorarlo, para hacerlo más eficiente y justo, desde una posición moderada y reformista, es inmediatamente arrojado extramuros y etiquetado como antisistema. Sin embargo, hay una sustancial diferencia entre ambos: la solución propuesta. Mientras que los antisistema pretenden construir un régimen todavía más cerrado, con añadidas trabas, componendas y cambalaches, los verdaderos reformistas desean abrirlo, retirar esas barreras que impiden la participación de todos.

Un modelo peligroso e inestable

Ahora bien, los sistemas de acceso restringido, por muy correosos que parezcan, tienen un flanco muy débil: a largo plazo resultan inestables. Los acuerdos suelen quebrar por voluntad de algún miembro de la coalición gobernante que aspira a obtener una parte mayor del pastel. Es el caso en España de parte de la oligarquía catalana, que decidió romper la baraja presionada por las apreturas que trajo consigo la Gran depresión. Esto, junto con la crisis de los partidos tradicionales, el conocimiento de la corrupción estructural y los escándalos de tipo económico desembocó en una sensación de fin de Régimen.

En efecto, el sistema está agotado y sólo hay dos caminos. O bien restablecer el statu quoque ha estado vigente hasta hoy, aseando el Régimen para que parezca que cambia, pero siga todo igual, es decir, lo que ha venido en llamarse la operación Ciudadanos. O, como abogamos algunos, acometer las reformas necesarias para eliminar barreras, liquidar los privilegios, garantizar la igualdad ante la ley. Dicho de otro modo, avanzar hacia un sistema de libre acceso, en beneficio de todos.

Como señaló Jean-François Revel, “la libertad de emprender es, ante todo, el medio de defensa de los pequeños contra los grandes y de los débiles contra los fuertes”. La connivencia entre gobernantes y grandes empresarios para establecer barreras causa un quebranto enorme a los ciudadanos, les impone incalculables costes económicos, pero sobre todo socava pilares fundamentales.

Los políticos no resuelven los problemas porque no gobiernan en beneficio de la población, sino en interés de ellos mismos y de determinados grupos. Y la sociedad civil desaparece, queda desvertebrada, limitada: como esa mayoría de empresas… incapaz de crecer.