A lo mejor no es casualidad

Benegas y Blanco, desde el portal Disidentia, plantea una cuestión importante y de la que deberíamos hablar más. Y es que nos rasgamos las vestiduras con el último caso de corrupción pero dejamos intacto el entorno legislativo que facilita que florezca:

«Ramón Iglesias, ingeniero y promotor español, necesitó tres años de gestiones, 10.000 euros en licencias, centenares de papeles y complejos trámites con más de 30 funcionarios de 11 departamentos pertenecientes a cuatro Administraciones diferentes, antes de poder abrir su bodega de vinos ecológicos. Tuvo que pagar 1.300 euros por un estudio de impacto acústico a pesar de que sus instalaciones eran silenciosas y se encontraban muy alejadas del lugar habitado más cercano. Le exigieron una certificación de “innecesariedad” de realizar actividad arqueológica y, también, un informe sobre iluminación por si incumplía el “reglamento para la protección de la calidad del…