La intentona golpista de las autoridades nacionalistas catalanas va cumpliendo etapas a través de una política de hechos consumados, que tendrá en el nuevo referéndum separatista un hito fundamental. A pesar de que el Gobierno oponga a esta consulta los dictámenes y autos del Tribunal Constitucional y su resultado carezca de cualquier validez legal, lo cierto es que la mera celebración de un acto de estas características y los planes, ya muy avanzados, para proclamar la secesión abocan a España a una etapa de inestabilidad que socavará en gran medida -ya lo ha hecho- las propias estructuras del Estado.

En estas circunstancias, el Gobierno de España no puede caer en la frivolidad de hacer invitaciones a los que amenazan con destruir el orden constitucional. Por el contrario, es obligación fundamental del Ejecutivo acabar de raíz con esta operación política y castigar convenientemente a los culpables. Y sin embargo, una de…